miércoles, 11 de junio de 2014

SIGUE LA REPRESIÓN EN GRANADA: LIBERTAD PARA CARMEN Y CARLOS

Escrito para El Otro País de Este Mundo

Dos activistas del movimiento 15M de Granada,  Carmen y Carlos, han sido condenados a tres años de cárcel y un día, por pertenecer a un piquete informativo durante la pasada Huelga General  del 29 de marzo de 2012.
Sobre este tema entrevistamos al abogado laboralista granadino, Pepe Iglesias, portavoz del Grupo Stop Desahucios, del 15 M y defensor legal de muchas familias afectadas.

P. ¿Cómo se llega desde el derecho laboral hasta la defensa de otros derechos de los trabajadores?

Teniendo en cuenta que el derecho es la expresión de una idea de justicia y de orden impuesto por la clase dominante, el derecho laboral, como todas las leyes y normas jurídicas están al servicio de esa clase. El “sistema” se dota de los instrumentos que necesita, los legales entre ellos, para perpetuarse en el poder y las normas laborales forman parte de ese entramado legal, siempre al servicio del sistema financiero capitalista. El despojo de derechos conquistados va en aumento y siempre dirigido contra la clase trabajadora. No se trata ya solo de denunciar un despido improcedente o la violación de un convenido colectivo.

P. ¿Considera un hecho aislado el enjuiciamiento y posterior condena de Carmen y Carlos?, ¿o podríamos hablar de una campaña sistemática de criminalización de los movimientos sociales?

Desde hace ya más de tres años, cuando un número importante de ciudadanos empezamos a tomar las plazas y a decir “basta”, el sistema está diseñando un marco legal en el que todo tipo de protestas y manifestaciones ciudadanas son criminalizadas, perseguidas y castigadas. Por lo tanto no es un hecho aislado la condena a estos compañeros ya que existe una campaña contra los movimientos sociales, que pretende amedrentarlos y coaccionarlos con represión y violencia policial en las calles y con condenas absurdas en los juzgados, por la complicidad de los jueces, con el objetivo de desmovilizar y desactivar las justas protestas ciudadanas. Era previsible que la contestación social viniera acompañada de recortes de derechos civiles y democráticos, de represión y condenas “ejemplarizantes”.

P. ¿Cómo calificarías el comportamiento de CC.OO. y UGT?, ¿Es suficiente escribir al Fiscal General o al Consejo General del Poder Judicial?

En este asunto, en el que lo que está en juego son los derechos constitucionales de huelga, manifestación y expresión, la actitud de los sindicatos mayoritarios no se corresponde con los principios que se supone deben defender los sindicatos obreros. De todas formas su comportamiento es coherente con su actitud cómplice con el sistema. Saben que la única forma de avanzar, en este tema como en cualquier otro, es con la movilización popular y sin embargo se limitan a realizar actuaciones complacientes con el sistema.

P. Decía Nicolás Guillén en el poema, Digo que yo no soy un hombre puro: Que amo( a las mujeres naturalmente) pues mi amor puede decir su nombre, ¿podemos saber el nombre del fiscal que los ha acusado y del juez que los ha sentenciado? Tengo la impresión de que el anonimato no es neutral…

Claro que sabemos los nombres de los responsables de ese  “desvarío jurídico”, de ese “atropello legal”, de esa sentencia más “política“ que “jurídica”, que es de lo que debería haberse tratado. Sus nombres están en la sentencia. Ya va siendo hora de que los jueces dejen de esconderse en el anonimato y les exijamos responsabilidad y compromiso con los ciudadanos, ya que las leyes pueden ser interpretadas y aplicadas con sentido conservador o con sentido progresista y desgraciadamente el sistema jurídico está compuesto, sobre todo en la cúspide jurisdiccional, por jueces que forman parte del entramado creado por el sistema para reprimir las expresiones de libertad de los ciudadanos y en sus resoluciones judiciales son coherentes con quienes los nombran y con quienes los mantienen en esa cúspide.

P. La contestación social frente a la denuncia, primero, y a la condena después, ha sido muy amplia, ¿consideras que ese es el camino para conseguir la libertad de estos compañeros y de enfrentar la legislación represiva que se está desarrollando?

Desde el punto de vista jurídico la sentencia de la Audiencia Provincial que desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, es firme y no cabe ya recurso ordinario alguno contra ella. Solo podría caber el recurso al Tribunal Constitucional e incluso a los Tribunales Europeos, pero estas instancias son muy lentas. Lo único que puede evitar que estos compañeros ingresen en prisión es la contestación y movilización social. Debemos ir presionando cada vez más para aumentar la presión social y así “torcerle el brazo al sistema” y conseguir, como en otras ocasiones, y siempre con la lucha, que estos compañeros no ingresen en prisión. El 30 de mayo se celebró una multitudinaria manifestación para reclamar la libertad de estos dos compañeros, que acabó en un encierro en la Catedral de Granada, al igual que ocurría durante la dictadura y la llamada transición política. Incluso hay convocada una Campaña Internacional, “Basta de Represión a Huelguistas del Estado Español”, convocada para el día 21 de junio.

P. A muchos mayores nos entran ganas de gritar, en las manifestaciones o concentraciones a las que estamos asistiendo, ¡Amnistía y Libertad! La Historia nunca se repite pero a veces nos juega muy malas pasadas…

En los últimos años del franquismo y en  los primeros años de la “transición”, los gritos de “amnistía y libertad” se oían constantemente en las calles y ahora por desgracia nos encontramos con más de lo mismo. Tenemos que volver a pedir amnistía y libertad ya que están volviendo a entrar en las cárceles presos políticos, presos de conciencia condenados paradójicamente por supuestos delitos de “atentados contra los derechos de los trabajadores”, cuando lo que estaban haciendo era defender los derechos de los trabajadores contra los que dicen atentan.

P. ¿Cuál es la situación legal actual de Carmen y Carlos?, ¿cómo se presenta su futuro más inmediato?

Una vez firme la sentencia, ahora mismo están pendientes de que por parte del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada se ordene su ingreso en prisión. Tenemos que conseguir, con la lucha y unión de todos los movimientos sociales, que esa aberración jurídica no se consume. El tema está teniendo una repercusión nacional e internacional muy fuerte ya que está en juego poder ejercer o no los derechos fundamentales, no ya los recogidos en nuestra obsoleta constitución, sino en todas las leyes internacionales a las que nuestro país se encuentra adherido.

Después de realizada esta entrevista se producía la abdicación de Juan Carlos I, el lunes 2 de junio. En Granada, como en otras ciudades del Estado, se producían movilizaciones que exigían el derecho a decidir y en las que se enarbolaron banderas republicanas. Tres hombres jóvenes eran detenidos  dos días después por sustituir la “bandera del estanco” por una republicana, en un lugar céntrico de la ciudad ; dos de ellos, trabajadores afiliados al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). La prensa local informaba también que “tres mujeres mayores” habrían sido imputadas, aunque no detenidas en ese momento, por quemar una bandera nacional en la Gran Vía de Granada. La lista de detenidos e imputados sigue, por tanto, en aumento. Es de desear que la solidaridad y la movilización, también.

Granada, junio 2014

Roete Rojo


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