Escrito para El Otro País de Este Mundo
Dos activistas del movimiento 15M de Granada, Carmen y Carlos, han sido condenados a tres
años de cárcel y un día, por pertenecer a un piquete informativo durante la
pasada Huelga General del 29 de marzo de
2012.
Sobre este tema entrevistamos al abogado
laboralista granadino, Pepe Iglesias, portavoz del
Grupo Stop Desahucios, del 15 M
y defensor legal de muchas familias afectadas.
P. ¿Cómo se llega desde el derecho laboral hasta la
defensa de otros derechos de los trabajadores?
Teniendo en cuenta que el
derecho es la expresión de una idea de justicia y de orden impuesto por la
clase dominante, el derecho laboral, como todas las leyes y normas jurídicas
están al servicio de esa clase. El “sistema” se dota de los instrumentos que
necesita, los legales entre ellos, para perpetuarse en el poder y las normas
laborales forman parte de ese entramado legal, siempre al servicio del sistema
financiero capitalista. El despojo de derechos conquistados va en aumento y
siempre dirigido contra la clase trabajadora. No se trata ya solo de denunciar
un despido improcedente o la violación de un convenido colectivo.
P. ¿Considera un hecho aislado el enjuiciamiento y
posterior condena de Carmen y Carlos?, ¿o podríamos hablar de una campaña
sistemática de criminalización de los movimientos sociales?
Desde hace ya más de tres
años, cuando un número importante de ciudadanos empezamos a tomar las plazas y a
decir “basta”, el sistema está diseñando un marco legal en el que todo tipo de
protestas y manifestaciones ciudadanas son criminalizadas, perseguidas y
castigadas. Por lo tanto no es un hecho aislado la condena a estos compañeros
ya que existe una campaña contra los movimientos sociales, que pretende
amedrentarlos y coaccionarlos con represión y violencia policial en las calles
y con condenas absurdas en los juzgados, por la complicidad de los jueces, con
el objetivo de desmovilizar y desactivar las justas protestas ciudadanas. Era
previsible que la contestación social viniera acompañada de recortes de
derechos civiles y democráticos, de represión y condenas “ejemplarizantes”.
P. ¿Cómo calificarías el comportamiento de CC.OO. y
UGT?, ¿Es suficiente escribir al Fiscal General o al Consejo General del Poder
Judicial?
En este asunto, en el que
lo que está en juego son los derechos constitucionales de huelga, manifestación
y expresión, la actitud de los sindicatos mayoritarios no se corresponde con
los principios que se supone deben defender los sindicatos obreros. De todas
formas su comportamiento es coherente con su actitud cómplice con el sistema.
Saben que la única forma de avanzar, en este tema como en cualquier otro, es
con la movilización popular y sin embargo se limitan a realizar actuaciones
complacientes con el sistema.
P. Decía Nicolás Guillén en el poema, Digo que yo no soy un hombre puro: Que amo( a las mujeres naturalmente) pues mi
amor puede decir su nombre, ¿podemos saber el nombre del fiscal que los ha
acusado y del juez que los ha sentenciado? Tengo la impresión de que el
anonimato no es neutral…
Claro que sabemos los
nombres de los responsables de ese
“desvarío jurídico”, de ese “atropello legal”, de esa sentencia más
“política“ que “jurídica”, que es de lo que debería haberse tratado. Sus
nombres están en la sentencia. Ya va siendo hora de que los jueces dejen de
esconderse en el anonimato y les exijamos responsabilidad y compromiso con los
ciudadanos, ya que las leyes pueden ser interpretadas y aplicadas con sentido
conservador o con sentido progresista y desgraciadamente el sistema jurídico
está compuesto, sobre todo en la cúspide jurisdiccional, por jueces que forman
parte del entramado creado por el sistema para reprimir las expresiones de
libertad de los ciudadanos y en sus resoluciones judiciales son coherentes con
quienes los nombran y con quienes los mantienen en esa cúspide.
P. La contestación social frente a la denuncia,
primero, y a la condena después, ha sido muy amplia, ¿consideras que ese es el
camino para conseguir la libertad de estos compañeros y de enfrentar la
legislación represiva que se está desarrollando?
Desde el punto
de vista jurídico la sentencia de la Audiencia Provincial
que desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia del Juzgado de lo
Penal nº 1 de Granada, es firme y no cabe ya recurso ordinario alguno contra ella.
Solo podría caber el recurso al Tribunal Constitucional e incluso a los
Tribunales Europeos, pero estas instancias son muy lentas. Lo único que puede
evitar que estos compañeros ingresen en prisión es la contestación y
movilización social. Debemos ir presionando cada vez más para aumentar la
presión social y así “torcerle el brazo al sistema” y conseguir, como en otras
ocasiones, y siempre con la lucha, que estos compañeros no ingresen en prisión.
El 30 de mayo se celebró una multitudinaria manifestación para reclamar la
libertad de estos dos compañeros, que acabó en un encierro en la Catedral de Granada, al
igual que ocurría durante la dictadura y la llamada transición política.
Incluso hay convocada una Campaña Internacional, “Basta de Represión a
Huelguistas del Estado Español”, convocada para el día 21 de junio.
P. A muchos mayores nos entran ganas de gritar, en
las manifestaciones o concentraciones a las que estamos asistiendo, ¡Amnistía y
Libertad! La Historia
nunca se repite pero a veces nos juega muy malas pasadas…
En los últimos años del
franquismo y en los primeros años de la
“transición”, los gritos de “amnistía y libertad” se oían constantemente en las
calles y ahora por desgracia nos encontramos con más de lo mismo. Tenemos que
volver a pedir amnistía y libertad ya que están volviendo a entrar en las
cárceles presos políticos, presos de conciencia condenados paradójicamente por
supuestos delitos de “atentados contra los derechos de los trabajadores”,
cuando lo que estaban haciendo era defender los derechos de los trabajadores
contra los que dicen atentan.
P. ¿Cuál es la situación legal actual de Carmen y
Carlos?, ¿cómo se presenta su futuro más inmediato?
Una vez firme la
sentencia, ahora mismo están pendientes de que por parte del Juzgado de lo
Penal nº 1 de Granada se ordene su ingreso en prisión. Tenemos que conseguir,
con la lucha y unión de todos los movimientos sociales, que esa aberración
jurídica no se consume. El tema está teniendo una repercusión nacional e
internacional muy fuerte ya que está en juego poder ejercer o no los derechos
fundamentales, no ya los recogidos en nuestra obsoleta constitución, sino en
todas las leyes internacionales a las que nuestro país se encuentra adherido.
Después de realizada esta
entrevista se producía la abdicación de Juan Carlos I, el lunes 2 de junio. En
Granada, como en otras ciudades del Estado, se producían movilizaciones que
exigían el derecho a decidir y en las que se enarbolaron banderas republicanas.
Tres hombres jóvenes eran detenidos dos
días después por sustituir la “bandera del estanco” por una republicana, en un
lugar céntrico de la ciudad ; dos de ellos, trabajadores afiliados al Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT). La prensa local informaba también que “tres
mujeres mayores” habrían sido imputadas, aunque no detenidas en ese momento,
por quemar una bandera nacional en la Gran
Vía
Granada, junio 2014
Roete Rojo
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