Jerome R. Mintz.
Diputación de
Granada. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz. 1999.
Biblioteca de
Etnología, 7.
(Reseña publicada
por la Asociación Historia Actual)
Jerome R. Mintz
(1930-1997), autor del libro que comentamos, fue un antropólogo norteamericano,
que dedicó gran parte de su vida como investigador a analizar y escribir sobre
las condiciones históricas y etnológicas que hicieron posible los
acontecimientos de Casas Viejas. Para ello se desplazó con su familia al lugar
de los hechos, en el año 1965, con una beca de la Universidad de Indiana, para
realizar la investigación de campo.
Sorprende la
cantidad de fuentes documentales sobre las que fijó una minuciosa atención.
Además de la
amplia bibliografía en la que sostiene su análisis sobre la realidad
socioeconómica, sobre los fundamentos ideológicos del anarquismo o sobre el
desarrollo del movimiento obrero español, también utilizó fuentes
histórico-documentales provenientes de los archivos municipales y
eclesiásticos, ministeriales, etc.
También la época
y los fenómenos estudiados permitieron al autor utilizar como fuente documental
la prensa escrita. Aquí podemos encontrar un sesgo determinante a la hora de
valorar procesos y acontecimientos: de
un lado, la prensa escrita, ya fuera de carácter provincial o nacional,
portavoz de los intereses de las clases hegemónicas y, de otro lado, las
humildes publicaciones anarquistas que pretendían funcionar como medios de
organización de las clases trabajadoras; difusoras de nuevos valores
civilizatorios, y educadoras de unos sectores sociales apartados
históricamente, y de modo brutal, de
cualquier impulso cultural o espiritual.
Por el gran
impacto que los acontecimientos de Casas Viejas tuvieron en la vida política
del país, cuando la joven II República Española no había cumplido dos años de
su azarosa vida, resulta vivificante el seguimiento hecho por Jerome R. Mintz, de cómo fueron expuestos y
valorados dichos acontecimientos en las Cortes Generales; por el propio
Presidente del Gobierno, D. Manuel Azaña; las declaraciones de los portavoces
políticos y ministeriales, etc.
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| Jornaleros de Casas Viejas son detenidos
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Y, por último,
todo este esfuerzo documental es completado con la utilización de las fuentes
orales; con multitud de entrevistas a los protagonistas implicados en los
acontecimientos. Horas de reflexiones, datos, comentarios, basados en el
recuerdo, en la memoria sobreviviente, que atraviesan el libro de Jerome R.
Mintz, casi desde la primera página, confiriéndole un aliento humano que nos
motiva para conocer más y nos conmueve y emociona.
La utilización de
la memoria oral como documento y parte fundamental de su libro es también, en
este caso, un esfuerzo por dignificar el pasado y el presente (cuando comienza
su investigación, en 1965) del colectivo de trabajadores y trabajadoras del
campo, alejados de cualquier atisbo de propiedad sobre la tierra; una denuncia
impactante de los niveles de explotación y crueldad a los que estaban
sometidos. Varias cintas cinematográficas y cientos de fotografías realizadas
por Jerome Mintz durante su estancia en Casas Viejas, dibujan a la perfección
el rostro de la sociedad a cuyo estudio dedicó tantos esfuerzos; esfuerzo
“gráfico”, en este caso, cuyo resultado último, es decir, la imagen estática o
en movimiento, nos recuerda al obtenido por Val del Omar, el cineasta granadino
que filmó rostros y entornos similares en los materiales que realizó sobre las
Misiones Pedagógicas en los años 30 y que nos demuestran el estancamiento de la
sociedad campesina tras la victoria definitiva del fascismo, en 1939.
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| Resultado final de la matanza
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En la época en
que Mintz utiliza los testimonios como instrumento de estudio, aún no se había
planteado en España el debate sobre la llamada “Memoria Histórica”, en cuyo
planteamiento ha pesado y mucho la recopilación de testimonios. De todos modos el autor tiene presente, lo
cual queda demostrado por los distintos contenidos de los recuerdos según la
persona ante idéntico tema, el carácter selectivo y subjetivo del recuerdo.
Las condiciones
en que se desarrollaron los sucesos de Casas Viejas eran extrapolables, más
allá de lo ocurrido en 1933, a otros cientos de miles de seres humanos
sometidos a iguales condiciones en una España en la que, para desgracia de esas
generaciones y de otras que las sucedieron, el modelo latifundista siguió
siendo dominante.
El latifundio de
origen feudal
La historiografía
mucho ha discutido sobre la presencia o no de la Revolución Burguesa en nuestro
país, en el tiempo histórico en que le correspondía; a saber: entre los siglos
XV al XVIII.
En cualquier
caso, dos de las características definitorias del proceso de ascenso y
hegemonía política de la burguesía: la capacidad para abordar la reforma
agraria dentro de sus límites territoriales nacionales y el desbancamiento de
los poderes políticos e ideológicos en que sustentó su dominio la aristocracia,
no se produjeron. Al contrario, el siglo XX amaneció con un poderosísimo sector
primario anclado
en la pervivencia
del latifundio de matriz feudal, cuyo origen no fue otro que los repartos de la
llamada “Reconquista” ; y por la derrota del liberalismo y, por consiguiente,
con la pervivencia de los poderes que sustentaron al Antiguo Régimen:
aristocracia de la tierra, Iglesia y Monarquía.
La desamortización
de los bienes de la Iglesia, acometida por Mendizábal en 1836, lejos de
resolver el carácter monopólico de la propiedad de la tierra, lo agudizó. Una
frustración más para los sectores que podían haber dinamizado la producción
agrícola.
Este orden de cosas
no sólo influyó en la situación del sector agrario (baja productividad de la
tierra, permanencia de cultivos extensivos sin ningún desarrollo científico o
tecnológico, escasísima demanda interna en las zonas agrícolas, depauperización
de sus poblaciones, etc); todo lo contrario, fueron determinantes en el
desarrollo del país, alejando cualquier impulso modernizador que lo
convulsionara en su estructura básica, como demostraron los trabajos de Josep
Fontana, referidos a la estructura económica y social española del siglo XIX.
El sistema de
“cerraba” con la alianza entre los terratenientes y la oligarquía financiera.
La pervivencia
del latifundio de origen feudal impidió el desarrollo de las fuerzas
productivas a nivel general, sustentador como era de una clase social
parasitaria (tuviera o no título nobiliario), y
agudizó las diferencias de desarrollo entre distintas zonas de la
geografía estatal. Nada de progreso se podía esperar de una clase que
sustentaba su poder en los beneficios obtenidos por la sobreexplotación de una
mano de obra analfabeta, hambrienta y semiesclava. Clase suntuaria,
especuladora y rentista, que alargaba su poder a través de varios tentáculos
que siguieron determinando a la formación social española durante muchos
lustros: la corrupción pública, el clientelismo político y el caciquismo, tan
hermanados los tres que a veces, como en el misterio de la Santísima Trinidad,
eran el mismo fenómeno con tres caras distintas.
Las cifras de
este drama social son descritas de modo minucioso por Jerome Mintz en su libro
y denunciadas con crudeza por los testimonios orales.
Ninguna duda
puede quedarnos en el sentido de la influencia que durante siglos tuvo este
modelo de tenencia de la tierra y de explotación de la misma, sobre la
psicología social de los sectores que la padecieron; configurando una
cosmovisión individual (por íntima) y colectiva del mundo que mucho tuvo que
ver con el arraigo posterior del pensamiento anarquista entre los campesinos
sin tierra.
El drama de esta
humanidad “doliente”
El drama social
que durante siglos arrastraron las masas campesinas desposeídas de la tierra,
como se describe en el libro de Jerome Mintz, se expresó, también durante
siglos, en sucesivas rebeliones. Lo ocurrido en Casas Viejas, en 1933, no puede
interpretarse como un fenómeno intrínsecamente novedoso. Así lo demuestra Juan
Díaz del Moral en su libro, Las
agitaciones campesinas en Andalucía, para el período comprendido entre
1918-1920.
La desesperación
acumulada durante generaciones se agudizaba en tiempos de malas cosechas,
sequías, subida de los precios de los alimentos “básicos” (lo cual para
describir la dieta de los campesinos y sus familias es casi un eufemismo), etc.
Situaciones que motivaban los levantamientos, las rebeliones, sin una estrategia
definida, como una chispa que cayera sobre tea seca; que desataba todos los
diablos del hambre y la humillación acumuladas.
Ningún avance
civilizatorio o tecnológico llegaba a las vidas de esta humanidad doliente,
desprovista de educación, sin posibilidades de promoción social, víctima
periódica de epidemias; desnutrida, con bajo nivel de esperanza de vida;
familias con muchos hijos y una altísima mortalidad infantil; disciplinada por
los escasísimos recursos a los que tenían acceso, obligadas al sometimiento por
autoridades presentadas como de origen divino... el mismo origen que daba
cuerpo ideológico al sistema de explotación. El orden de cosas, se les había
dicho durante siglos, era voluntad de Dios. Del mismo Dios que premiaría su
obediencia y sacrificio en este mundo con el paraíso después de la muerte.
Los responsables
del sufrimiento que padecían eran señalados, no obstante, con nombres y
apellidos en la mayoría de los levantamientos: el terrateniente, el cura y la
autoridad encargada de mantener el sistema mediante la coerción y la fuerza
represiva. Las instituciones que dicho orden sustentaban eran atacadas en su
materialidad, es decir, se quemaba la Iglesia, se asaltaba el pósito del grano,
el cuartel o el almacén del terrateniente. Luego, el sistema de explotación
respondía mediante sus aparatos represivos; el castigo por el pecado vaticinaba
calamidades desde el púlpito y el amo de la tierra daba un giro más a la tuerca
de los paupérrimos salarios, el número de los jornales, no llamando a trabajar
a los considerados “cabecillas” o cualquiera otra posibilidad al alcance de su
mano.
Desde esta
situación de marginación extrema, de aislamiento, y en un ambiente marcado por la pobreza
cultural y la falta de perspectivas, resultaba difícil para los campesinos sin
tierras y sus familias el acceso a las ideas emancipadoras que se venían
desarrollando desde el siglo XIX, es decir, el socialismo utópico y el
marxismo.
La precariedad
del hábitat, la soledad de esas almas imposibilitadas de participar en actividades
lúdicas o recreativas, más allá del consumo de alcohol que actuaba como droga
barata y enajenante; los propios instrumentos de trabajo, anclados en tiempos
pretéritos, las jornadas de trabajo extenuantes (cuando existían) y la búsqueda
como si de animales se trataran de algo que echarse a la boca durante el tiempo
restante; la caza furtiva tan perseguida pero desarrollada bajo riesgo de una
paliza o el calabozo o ambas cosas. Todo nos conduce a suponer – y así lo
demuestran muchos de los testimonios recogidos por Jerome Mintz-, la
dificultad que tuvieron para buscar
explicaciones de fondo sobre los problemas que padecían y, lo que es más
importante, para situar una estrategia de liberación adecuada a la realidad,
mucho más compleja y abarcadora que la estrecha realidad de su aldea .
La prioridad
única de la subsistencia, el hambre, marcaban como único objetivo de sus
anhelos, disponer de un pedazo de tierra de la que obtener lo imprescindible
para sobrevivir. Sentimiento profundo, anclado en lo más hondo del alma, que
mediatizó el comportamiento del campesinado sin tierra cuando se abrieron
resquicios para solucionar, desde perspectivas más colectivas y productivas, el
problema de la tierra.
La simplicidad en
cierta medida del anarquismo facilitó una salida, o un callejón sin salida,
según se mire, para muchos de estos hombres y mujeres.
Expropiar a los
terratenientes y repartir las tierras con carácter individual entre los
campesinos y sus familias, así, sin más, era una aspiración legítima pero no la
solución a sus problemas.
Vigencia del
pensamiento anarquista en España
Quizás el atraso
de la estructura socioeconómica española pueda explicar que todavía durante el
primer tercio del siglo XX, el anarquismo como ideología y el
anarcosindicalismo como expresión organizada del movimiento obrero, siguieran
siendo determinantes en amplios sectores no sólo del campesinado sin tierra
sino también entre sectores de la clase obrera; en una época en que ya se ha
producido la Revolución de Octubre de 1917 y las ideas, organizaciones
sindicales y políticas, de distinto carácter, de matriz socialista habían
desbancado a las corrientes anarquistas.
El anarquismo
desde su nacimiento debe ser considerado como una ideología revolucionaria, ya
que su objetivo último no es otro que liberar a la Humanidad de la esclavitud
de la explotación. Lo que la enmarca dentro de las corrientes “utópicas” (más adecuado, desde mi punto de vista, sería
calificarlas de “idealistas”), no es que persiga un objetivo imposible de
conseguir o sólo conquistable a muy largo plazo sino el diagnóstico de la
naturaleza última de la sociedad industrial
-incluido el tema del poder- y las estrategias y tácticas para conseguir
los objetivos que se propone.
Su carácter
“apolítico” es quizás la expresión más acabada de lo que intentamos decir. Y,
como refleja Jerome Mintz en su libro, una de las contradicciones que llevaron
a su división interna.
Entre los
elementos más destacables del anarquismo se encuentran los valores
civilizatorios que defendieron: la dignificación del trabajador, su redención
social a través de la educación. Así como el esfuerzo por superar el marco de
influencia de la Iglesia sobre el
pensamiento, costumbres y hábitos.
El anarquismo
también aportó elementos muy positivos como la defensa de la solidaridad entre
los trabajadores, la defensa de la paz y la amistad entre los pueblos.
Su trabajo tenaz
por organizar a los trabajadores de distinto signo, por movilizarlos en defensa
de mejores condiciones de vida y trabajo; la abnegación y temple de muchos de
sus dirigentes, casi “evangelizadores”, como demuestran muchos testimonios
recogidos por Mintz, etc, fueron recompensados con el apoyo de amplios sectores
del movimiento obrero y popular.
Su lucha contra
cualquier tipo de autoridad sigue teniendo una lectura emancipadora, dado el
marco de injusticias y arbitrariedades históricas. En cualquier caso, la
crítica principista contra cualquier tipo de autoridad (en bastantes coyunturas
identificada con instituciones o prácticas autoritarias), sin una valoración
rigurosa del origen, carácter, legitimidad o no de la autoridad en concreto,
provocó severas contradicciones internas (como quedó de manifiesto en la
convocatoria insurreccional de 1933), y dificultó el desarrollo de políticas de
alianzas con otros sectores sociales y de una táctica que permitiera “ritmos”
en el proceso revolucionario.
Su compromiso con
la participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones, lo que
se ha denominado “autogestión”, frente a prácticas dirigistas o usurpadoras de
la voluntad real de los implicados, no fueron siempre, como demostraron los
acontecimientos de 1933 y otros, fáciles de llevar a la práctica. Pero en
cualquier caso siguen siendo un elemento de ética política muy valorado y
reivindicado también en la actualidad por nuevos movimientos sociales.
El movimiento
obrero contemporáneo, sobre todo para el caso de América Latina, tiene, por
último, una gran deuda con el anarquismo español (también italiano), ya que
fueron emigrantes anarquistas de ambos países los que impulsaron con su
influencia sobre los trabajadores en los países de destino, la construcción del movimiento obrero, poniendo las bases para la existencia de
poderosísimas centrales sindicales.
La II República y
el problema de la tierra
La descomposición
y crisis que se vivió en la España de principios del siglo XX, tuvo su mayor
expresión en la proclamación de la II República Española, el 14 de abril de
1931, tras la celebración de unas elecciones municipales, que se convirtieron
en un plebiscito contra la Monarquía.
Tras la salida al
exilio de Alfonso XIII, se abría un período de esperanza y la posibilidad de desarrollar
el proyecto, por tanto tiempo aplazado, de modernización y democratización del
país.
Dicho proyecto
debería, entre otros muchos problemas acumulados, resolver el referido a la tierra. La necesidad de
promover, de una vez por todas, la Reforma Agraria, atacando en su raíz la
situación arcaizante del sector primario, pasaba irremediablemente por la
modificación de la propiedad sobre la tierra. Era el clamor que se pedía desde
los sectores de campesinos desposeídos; era una necesidad también de carácter
general para el país pues la democratización y la modernización eran inviables
sin acometerla.
Así como desde el
primer Gobierno de la II República se desarrollaron medidas profundas para
resolver otros conflictos no resueltos; a saber: la separación de Iglesia y
Estado y la revolución educativa que permitiera sacar del analfabetismo a
millones de seres humanos, la Reforma Agraria no corrió igual suerte,
atrasándose permanentemente la toma de decisiones, alargándose los debates,
etc. Así quedaba evidenciado que el proyecto de la II República, por muy
ambicioso que fuera en su formulación constitucional, estaba inmerso y
atravesado por los conflictos de clase.
La burguesía
liberal, mayoritaria en la dirección del proyecto, era capaz de acometer sólo
determinado tipo de transformaciones: a pesar del clamor popular, la Reforma
Agraria siguió siendo el patito feo de todos los Gabinetes. Y el conflicto
social estalló, como era de esperar.
Cierto que el
Gobierno de la República incidió desde un primer momento de manera positiva
para que mejoraran las condiciones de trabajo y vida del conjunto de los
trabajadores y particularmente, de los trabajadores del campo y sus familias:
desde aumentos salariales, pasando por reducir y fijar la jornada laboral en 8
horas, prohibir el trabajo a destajo, hasta la regulación de jornales
obligatorios a los patronos agrícolas según hectáreas de su propiedad y
naturaleza de las explotaciones. Pero también es cierto que el poder de los
terratenientes, que se conservaba intacto, permitió en muchas ocasiones obviar
la nueva legislación protectora de las mejoras para los trabajadores; dejando
en muchas ocasiones en manos de los municipios y de las nuevas autoridades
municipales (gran parte de ellas, socialistas), la garantía de aplicación de
este tipo de medidas o de otras de beneficencia en momentos de crisis
alimentarias o de empleo de las poblaciones; de este modo se echaba en hombros
de los que menos recursos tenían, los Ayuntamientos, la pesada piedra.
El decreto de
Reforma Agraria, tras cientos de problemas, marchas adelante y atrás, se
aprobaría en las Cortes Generales, el 9 de septiembre de 1932, con 318 votos a
favor y 19 en contra.
El movimiento
anarquista, según su modelo de “apoliticismo”, no había participado en los
procesos electorales, habiendo llamado a sus afiliados y amigos, a la
abstención. Idónea base ideológica para no sentirse representados ni
comprometidos con las acciones del Gobierno. Si a ello sumamos su lucha contra
la “autoridad” y por la destrucción del Estado como su representante máximo, la
confrontación estaba servida. También la confrontación interna entre el sector
histórico del anarquismo, la CNT, y el más radicalizado y “politizado” (a pesar
de sus pesares), es decir, la FAI.
Jerome Mintz
plantea de modo muy crítico cómo fue la resolución de este conflicto interno y
de los artilugios poco claros utilizados para forzar la convocatoria del
levantamiento a nivel de todo el Estado, vulnerando el funcionamiento interno
de la CNT, por parte de los núcleos de la FAI.
Si nos metemos en
las dificultades de comunicación de la época (vistas con nuestros ojos
actuales) y, sobre todo, en los escasos recursos de este tipo con que contaban
las organizaciones anarquistas, nos pueden sobrecoger muchos acontecimientos y otros
conducirnos a multitud de preguntas. ¿Cómo pretender un levantamiento que debía
ser en cierta medida sorpresivo y que para triunfar requería ineludiblemente de
un conocimiento masivo, en condiciones de extrema incomunicación de los núcleos
que debían ejecutar el plan? Es terrible la imagen del grupo de hombres de
Casas Viejas esperando la señal luminosa desde lo alto de una colina para saber
si había llegado el momento, cuando la convocatoria ya había fracasado en su
centro de acción...
Los acontecimientos
de Casas Viejas, sobre todo su final terrible y demoledor, tuvieron, como
planteamos al principio, profundas consecuencias. Entre ellas, costó el
Gobierno al Presidente Azaña. Uno de los aspectos más vulnerables fue el hecho
de que fuera precisamente el nuevo cuerpo de seguridad creado por la República,
la Guardia de Asalto, el responsable de la matanza. Las derechas supieron utilizar a la
perfección todas las contradicciones exacerbadas por lo ocurrido, sirviéndoles,
entre otros factores, para ganar las elecciones el 19 de noviembre de 1933,
inaugurando lo que se conoció como “bienio negro”, que fue también negro en lo
que se refiere a la represión ejercida contra el movimiento obrero y popular.
Tras el fracaso
de la Revolución de Asturias, de 1934, y la consiguiente ola de represión, las
cárceles se llenaron de obreros de distintos lugares de la geografía española y
de distintas organizaciones sindicales y políticas. Lo cual tuvo también sus
consecuencias “positivas”: de un lado, se produjo un extraordinario movimiento
de solidaridad por parte de todos los sectores ideológicos del movimiento
obrero, a los cuales la reivindicación de la Amnistía hermanó. La convivencia
dentro de las cárceles favoreció el debate. La necesaria unidad para conseguir
una amnistía general favoreció la unidad de las izquierdas (Frente Popular)
para derrotar a la CEDA, en las elecciones de
febrero de 1936. Y, de otro, el cambio en la posición de los anarquistas
que, en esta ocasión, no hicieron campaña por la abstención, lo que posibilitó
el triunfo del Frente Popular. Otros cambios de envergadura se produjeron tras
el triunfo del Frente Popular: la presencia de máximos representantes del
anarquismo en puestos del Gobierno, la decisión de ejecutar, ¡por fin!, la
Reforma Agraria: en los cuatro meses que
transcurrieron entre el 19 de febrero (triunfo del Frente Popular) y el 19 de
junio, se ocuparon 232.199 hectáreas y se asentaron 71.919 colonos; el
Instituto de Reforma Agraria, en realidad, lo que hizo fue legalizar las ocupaciones
de tierras realizadas por los campesinos; la mayor de ellas, la realizada tras
la convocatoria de la FNTT (Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra- UGT), el 25 de marzo de 1936. O
la presencia, tiempo después, del ejército de Buenaventura Durruti, la llamada
“Columna Durruti”, uno de los dirigentes máximos de la FAI, en la defensa de
Madrid.
Por desgracia, el
levantamiento de un sector del Ejército, apoyado por la Iglesia y la oligarquía
financiero terrateniente contra el legítimo Gobierno, provocó la catástrofe de
la guerra civil. El fascismo encontró una segura plataforma de apoyo en las
clases medias, sumidas en las incertidumbres provocadas por las medidas del
Gobierno, la gran contestación y movilización social y las proclamas de la Iglesia.
La victoria del
fascismo sobre el campo popular no puede ser entendida, de todos modos, sólo en
clave interna o sólo en clave de los errores cometidos por los republicanos en
dicho período. Sin la intervención, por activa o por pasiva, de las potencias
occidentales, dictatoriales o democráticas, no se entendería el resultado
final. Por eso algunos historiadores prefieren hablar de “Guerra de España” y
no de guerra civil.
Situación que
siguió mediatizando el futuro. La no intervención de las fuerzas aliadas para
acabar con los dos regímenes fascistas en Europa, España y Portugal, producto
de los Acuerdos de Potsdam (1945), suscritos al final de la II Guerra Mundial;
la firma del Concordato con el Vaticano y los Acuerdos entre el Gobierno de los
EE.UU. de Norteamérica y la dictadura de Francisco Franco (ambos en 1953), el
ingreso de España en las Naciones Unidas,
en 1955,etc., garantizaron la pervivencia de la dictadura fascista
durante décadas.
Instantáneas de
la durísima represión que se desarrolló durante tanto tiempo están recogidas en
los testimonios que aparecen en el libro de Jerome Mintz.
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| Las fuerzas del orden actuando
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La Transición
Política y sus secuelas
Algunos
historiadores plantean que más que de Transición Política, para definir el
cambio producido en España, a la muerte del dictador Franco, se debería hablar de II Restauración Borbónica. Esto,
desde el punto de vista de la investigación histórica.
Desde el campo
del ensayo político y del periodismo de investigación, otros llegan a una
conclusión similar en contenido aunque diferente en terminología; se habla de
Transacción Política.
De modo muy
simple: los que tenían la legitimidad (las organizaciones que habían luchado
contra el fascismo y por las libertades democráticas) y los que tenían la
legalidad (tras más de 40 años de dictadura), transaron un acuerdo que abarcó a
todos los niveles de la vida económica, social, política y cultural del país,
mediante el cual y a cambio de su legalización, las fuerzas democráticas
antifascistas, abandonaban gran parte de sus objetivos, brindándoles a los
fascistas de todo la vida, la
legitimidad histórica que nunca tuvieron.
Viene al caso
detenerse en este período de la historia reciente de España pues la llamada
Transición Política fue posible en la medida que las cúpulas del proceso
consensuaron el silencio y, lo que vino después de él, el olvido, con la
pretensión de que era la única posibilidad de cerrar las heridas y garantizar
la estabilidad del sistema.
El Decreto de
Amnistía General (Real Decreto Ley de 30 de julio de 1976 y ampliación
posterior), por el cual los presos políticos podían recobrar su libertad, fue
en realidad una “Ley de Punto Final”, que cerraba cualquier puerta a una
revisión o enjuiciamiento de los crímenes del fascismo en España. Y, más en
profundidad, la negación a cuestionar la Monarquía heredada por voluntad del
Dictador, y que en buena lógica democrática estaba marcada por su falta de legitimidad.
Este carácter de
la Transición Política la convirtió en “capital no tangible” exportable a otros
países en los que se cuestionaba la existencia de dictaduras y se buscaban
salidas para superarlas. Fue evidente para el caso de América Latina (Chile,
Argentina, Uruguay o países centroamericanos que vivían conflictos internos
armados). En todos ellos se impusieron leyes de punto final... que al final
fueron rebasadas por el clamor popular que exigió verdad, justicia y
reparación. Mediante distintos procesos legales dichas leyes fueron derogadas. Las derogaciones
fueron posibles gracias, entre otros aspectos, a la utilización del testimonio,
que consiguió por su impacto movilizar a grandes sectores, incluidos los que generacionalmente no habían vivido
los conflictos.
Para el caso de
España la situación no se ha resuelto, quedando en una especie de limbo un
período trascendental de nuestra historia actual. Por eso el esfuerzo temprano
realizado por Mintz cobra tanta importancia; importancia mayor si cabe dada la
pretensión del llamado “revisionismo histórico” de negar la barbarie y los
crímenes de la dictadura fascista del general Franco y que tiene sus dos
expresiones más esperpénticas en Pio Moa y César Vidal, ninguno de los dos
historiadores.
De modo tardío se
abrió el debate sobre la Memoria Histórica, plasmándose en una Ley (su nombre
no puede ser más largo: Ley por la que se amplían y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y
la Dictadura), aprobada por el Congreso de los Diputados el día 31 de octubre
de 2007, que no ha satisfecho ni siquiera a sus promotores. En realidad, persiste la imposibilidad de llegar al fondo
de las responsabilidades porque nuestra peculiar ley de punto final lo impide.
De cuestionarse el consenso establecido por las élites, una de las
instituciones que podría verse afectada sería la Monarquía.
En cuanto a las
reivindicaciones de los campesinos desposeídos, la necesidad de la Reforma
Agraria siguió gravitando, sobre todo en Andalucía hasta hace pocos años; las
Marchas por la Reforma Agraria, recorrían los campos andaluces, y la consigna
“La tierra para el que la trabaja”, seguía expresando el objetivo último de las movilizaciones. La
tradicional lucha de los campesinos sin tierra contra el latifundismo se vio
representada a la perfección en un nuevo sindicato, el Sindicato de Obreros del
Campo (SOC). A efectos contemporáneos se puede acudir a los estudios realizados
por el profesor Gómez Oliver, de la Universidad de Granada.
Las
modificaciones estructurales producidas en España a partir de su vinculación
con el modelo de integración europeo, también afectaron al modelo agrario, a la
distribución de la población rural (que ha disminuido muchísimo), a las hábitos
de vida y costumbres, al nivel de desarrollo humano (sanidad, escolarización,
seguridad social, pensiones, acceso a las nuevas tecnologías, etc); no es que
podamos afirmar que el latifundio desapareció ya que sigue existiendo pero sí
que ha dejado de ser el elemento definidor de la manera de producir y de
relacionarse, en el marco, además, de una economía que sitúa al sector
terciario como el de mayor volumen.
Muy distinta
fisonomía define hoy al sector primario a niveles mayoritarios: la inversión de capitales y tecnología, incluso
en sectores tradicionales como el olivar; la existencia de cultivos de altísima
tecnificación y productividad (cultivos tempranos bajo plástico) y la presencia
mayoritaria e imprescindible de mano de obra emigrante.
Estos cambios hacen
más valiosos los estudios antropológicos realizados por Jerome Mintz, que entre
otras bondades permitirán a muchas generaciones acercarse de un modo riguroso y
ameno a realidades sociales en vías de extinción o desaparecidas.
En otro orden de
cosas, el restablecimiento de las libertades democráticas, abrió el camino para
la reorganización del movimiento obrero y sindical. Antes de la ruptura
violenta del régimen legítimo y democrático republicano, dos corrientes
sindicales se disputaban la influencia sobre el movimiento obrero: de un lado,
la anarquista (CNT) y, de otro lado, la socialista (UGT). De ellas, la
anarquista fue la que demostró menores recursos para adaptarse a los nuevos
tiempos. La socialista, a pesar de su escasa presencia durante la dictadura,
aprovechando su caudal histórico y el apoyo recibido por la socialdemocracia
europea, renació con fuerza de las cenizas. En cualquier caso, ambas
corrientes, tuvieron que reconocer y disputar sus cuotas de influencia y
representación, con el nuevo movimiento sindical que representaban las
Comisiones Obreras, principal organización de los trabajadores, nacida en la
lucha contra la Dictadura.
El viejo debate
interno del anarquismo volvió a plantearse, con características similares al
que se recoge en el libro de Jerome Mintz. Dicho debate, que fue agrio y a
veces algo violento sobre todo cuando llegó la disputa sobre las siglas y el
patrimonio sindical, se resolvió con la división del anarquismo en dos
centrales sindicales que se reclaman de la misma tradición histórica: la CNT y
la CGT (Confederación General del Trabajo).
De modo
simplificado: la CNT sería la que mantiene el ideario anarquista en su forma
histórica más pura y la CGT, la que ha intentado, sin renunciar a él, adaptarlo
a las nuevas condiciones.
Cualquiera puede
ver en los paneles de las Facultades de nuestra Universidad y en las calles,
las actividades que con regularidad convoca la CNT, sus denuncias escritas con
pinturas en los muros, sus convocatorias de movilización, etc.
La CGT, por su
parte, sin abandonar el ideario autogestionario, aceptó participar en las
elecciones sindicales, obteniendo con el tiempo una considerable
representación. Está presente en los comités de empresa; negocia con la
administración y con la patronal convenios colectivos, etc. Algunos de sus
afiliados pertenecen a partidos políticos de izquierdas y pueden presentarse en
las listas en diferentes tipos de elecciones, etc.
Por último,
manifestar nuestra admiración y agradecimientos a los anarquistas de Casas
Viejas, al anarquismo, así como al resto de ideologías que, con aciertos y
errores, como en cualquier actividad humana, trabajaron y lucharon para
conseguir un mundo más humano. Sin ellos, las cosas serían aún peores.
Roete Rojo y
sobrina
Bibliografía
Fontana, Josep.
Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Barcelona.
Ariel. 1968.
Fontana, Josep.
La revolución liberal: política y hacienda en 1833-1845. Madrid. Instituto de
Estudios Fiscales. 1977.
Diaz del
Moral, Juan. Las agitaciones campesinas
en Andalucía (1918-1920). Sevilla. Andaluzas Unidas. 1985.
Gómez Oliver,
Miguel. Historia Contemporánea de Andalucía (Nuevos contenidos para su
estudio). Granada. Consejería de Educación. 2000.
Tamames, Ramón.
La República y la era de Franco. Madrid. Alfaguara. 1973.
Taibo II, Paco
Ignacio. La bicicleta de Leonardo. México DF. Planeta Mexicana. 2004.
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