Más que la “clase política” es el sistema
Hace unos días veía en TV un documental sobre el NODO, la agencia de “noticias” del fascismo español. Pude escuchar al dictador Francisco Franco despotricar de la “clase política”, refiriéndose, claro está, al pasado, es decir, a los tiempos en que los representantes políticos eran elegidos democráticamente.
Denominar a nuestros políticos y representantes públicos en general como “clase política” siempre me pareció incorrecto; una treta ideológica de carácter reaccionario y con un claro sustrato fascista. Motivos hay para el desprestigio generalizado de instituciones y representantes pero llama la atención el hecho de que al mismo tiempo que el desprestigio se generaliza, la mayoría de la población siga afirmando que no existen las clases sociales y menos, la lucha de clases; lo cual es compatible con la afirmación generalizada también de señalar al Ejército como la institución más valorada.
Evidente que los intereses que representan son empresariales pero no por su condición de “políticos o representantes públicos”, sino sencillamente porque son hijos, nietos o biznietos de capitalistas, casados o casadas con empresarios o banqueros. Es decir, son por su origen y posición, parte de la clase capitalista explotadora y como tal defienden sus intereses. Otros, de distinto origen social, encontraron la oportunidad a través de los privilegios y la corrupción de apropiarse de sumas de dinero que invirtieron en empresas, bienes muebles e inmuebles, entrando a formar parte de la clase empresarial. Y los más, de todas las tendencias políticas, hacen uso de las “puertas giratorias”, es decir, acabado su periplo político, son nombrados asesores de grandes empresas, ocupan puestos de designación en órganos europeos con elevadísimos salarios, forman parte de los Consejos de los bancos y cajas de ahorro, llegan a las universidades públicas y privadas, a los medios de comunicación, son invitados por universidades de todo el mundo, garantizándoseles así seguir amasando dinero proveniente de los contribuyentes de todo tipo y lugar.
Aunque la corrupción sea un fenómeno existente en cualquier sociedad, qué duda cabe que condiciones históricas, para el caso de España, la hacen muy particular. Como en la canción infantil, “el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja, como los demás”.
Nada más normal que en un sistema como el capitalista cuyo basamento no es otro que la apropiación del trabajo ajeno (asalariado), exista la corrupción. No existe más ética que la acumulación de capital bajo cualquier modalidad. Si a esto le sumamos la determinación que ha adquirido el capital financiero y especulativo, el panorama está servido. Cuenta también el hecho de que nuestro país sea una economía dependiente y subalterna y carente de soberanía.
Los procesos de reconversión industrial (de desaparición industrial sería lo exacto) exigidos por la Comunidad Europea para el ingreso de España, la afluencia de fabulosos ingresos procedentes de los fondos FEDER, medida “compensatoria” para que dejáramos de producir y nos convirtiéramos en consumidores de bienes y servicios procedentes de los países industrializados, etc., hicieron al sistema más vulnerable al fenómeno de la corrupción generalizada.
El llamado “boom” del ladrillo, con su entramado de blanqueo de dinero y sus imbricaciones institucionales (para construir era necesario “liberar” suelo y “conceder” licencias de obras a las empresas constructoras en liza), forman parte del fenómeno. ¿Cómo entender que en España se construyeran, año tras año, más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas? Una verdadera locura que exigió niveles de financiación soberbios y la irrupción desmedida de los bancos y cajas de ahorro, liberalizados en sus operaciones de préstamos de capital e inversiones. Como decimos por aquí, sin orden ni concierto, sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo.
Por eso ahora el monto de la deuda, impagable, tiene un elevadísimo porcentaje de deuda privada (es decir, de empresas, arrastradas todas por el sector de la construcción y de particulares, de familias endeudadas). La deuda no procede de inversiones en construcción de escuelas, hospitales, centros de investigación, por poner solo algunos ejemplos.
El modelo corrompió por igual a todas las instituciones del Estado ya que uno de sus pilares ha sido, como comentábamos, la liberalización de suelo que es potestad de las corporaciones locales, es decir, de las unidades institucionales más básicas. Todos los pueblos y ciudades, en su proporción, “fueron Marbella”. Produciendo dicho modelo secuelas sociales de gran impacto: de país proveedor de mano de obra barata pasamos a convertirnos en receptor de inmigrantes principalmente no comunitarios, disminución del nivel cultural de la población, cuyos jóvenes abandonaban con prontitud los centros de estudio para incorporarse como trabajadores en el sector construcción; le disputamos durante años a los EE.UU., el primer lugar en consumo de cocaína; pérdida de valores colectivos y victoria de la ideología del neoliberalismo salvaje.
Este paisaje quedaría incompleto sin mencionar la responsabilidad de la llamada Transición Política Española (desde ahora $PE), el pacto establecido entre los poderes fácticos del fascismo, la oligarquía financiero-terrateniente “aborigen”, el capital transnacional (y sus representantes: embajada de los EE.UU., Internacional Socialista, OTAN) y los representantes de las organizaciones antifascistas y democráticas, para garantizar la homologación del Estado español a los requerimientos occidentales, garantizando la estabilidad, el orden existente y el reparto posterior de beneficios e influencias.
A mi entrañable amigo, el profesor Julio Pérez Serrano, le escuché por primera vez la expresión “capital no tangible”, para definir a la $PE. También, frente a los propagandistas de la $PE, algunos historiadores acuñaron el término IIª Restauración Borbónica, lo cual la sitúa en el proceso histórico. [1]
Las clases que aglutinaba el Estado fascista no sólo no fueron zarandeadas sino que fueron acomodadas en primera fila en el nuevo modelo político, ocupándolo sin fisuras; las organizaciones verticales del fascismo (entre ellas la Falange y la Sección Femenina , de historia criminal y genocida) fueron literalmente traspasadas al Ministerio de Cultura (me da vergüenza escribirlo); la Iglesia Católica (brazo militar e ideológico del golpe contra el legítimo gobierno de la II República Española) obtuvo mayor preponderancia en sectores claves como el educativo; se impuso la Monarquía en la persona de Juan Carlos I de Borbón (decisión tomada por Francisco Franco con anterioridad); el temible Tribunal de Orden Público que había juzgado y mandado a prisión a decenas de miles de militantes antifascistas se convirtió en la Audiencia Nacional (sí, donde estuvo el super-juez-estrella, Baltasar Garzón, responsable de una de las campañas más brutales contra la izquierda abertzale); se decretó una Ley de Amnistía que era una Ley de Punto Final; se aprobó una Ley Electoral que garantizaba el bipartidismo, la presencia de las derechas nacionalistas y de carácter no proporcional, consolidando las listas cerradas con lo cual los partidos políticos se convertían en los rectores de la vida política. Por su parte la dirección de la izquierda democrática, que había luchado contra el fascismo, aceptó las condiciones (digo yo que en agradecimiento por nada) y desnaturalizó sus organizaciones políticas y sociales (movimiento obrero, estudiantil, vecinal o feminista).
Las ilusiones de la izquierda antifascista (entre la que no cuento al PSOE, que no existió durante las duras décadas de la dictadura), se diluyeron rápidamente tras las primeras elecciones generales, de 1977, al quedar reducida a un 9.33%, que con la misma Ley Electoral consensuada, se tradujo en 19 diputados, de un total de 350 escaños. El pretendido “compromiso histórico” a la española se destapó como lo que verdaderamente era: “un pacto de punto fijo” a la mediterránea.A lo hecho, pecho.
El bloque de clase hegemónico reforzaba sus posiciones y anhelos, sin ningún tipo de ruptura. Ni un atisbo de regeneración democrática, de fortalecimiento de la ciudadanía, de control de ésta sobre las instituciones, de separación de poderes ni soberanía popular.
La $PE no fue modélica, como han repetido hasta la saciedad sus protagonistas. La resistencia desde las organizaciones populares fue muy fuerte, a pesar del compromiso de las direcciones políticas; cerca de 200 muertos por violencia de los aparatos del Estado y de los grupos de paramilitares a su servicio, no fueron poca cosa.
El dinero de la socialdemocracia alemana y el trasvase de miles de cuadros del aparato político del fascismo al PSOE, le permitió a éste convertirse en poco tiempo en un partido de gobierno, consiguiendo mayorías absolutas en muchas autonomías, poderes provinciales y locales. Los llamados “sindicatos de clase” se convirtieron en gestores financiados a través de los Presupuestos Generales del Estado, partícipes del gran pacto social, los “Pactos de la Moncloa ”.
Algunos intelectuales, como Vicenç Navarro, ya hablan de Transición “inmodélica” aunque defienden que la correlación de fuerzas no permitió a la izquierda comportarse de otra manera. Desde mi punto de vista se trata de una contradicción intelectual, una suerte de “pirueta”, calificar un proceso de negativo, dadas las consecuencias estructurales nefastas que produjo (que el profesor Vicenç Navarro sitúa y enumera de modo detallado, insistiendo en el gran déficit democrático), pero que al mismo tiempo no se puedan señalar responsabilidades de las fuerzas que actuaron como sujetos.
Cuando hace algunos meses la revista “Forbes” hizo pública la valoración de la fortuna de Juan Carlos I, que cifró en cerca de 1.800 millones de euros, mi memoria me llevó al libro del profesor Cuenca Toribio, en el que hace una larga entrevista al General Armada, una vez salido de la cárcel. En dicha entrevista Armada cuenta cómo cuando llegaron Juan Carlos y Sofía de Grecia a instalarse en Madrid, allá por los años 60, llamados por Francisco Franco, él era Jefe de Casa Militar. Narra cómo tenía que darle “de su bolsillo” unos billetes a la pareja para que pudieran tomar un taxi para acudir a una reunión de protocolo…
¿Desde cuándo las cosas fueron así?
Lo que hoy llamamos España (así como sus males y contradicciones) tiene sus orígenes en la alianza establecida, en el siglo XV, entre los reinos de Castilla-León y Aragón y en la guerra de expulsión de los musulmanes de la Península Ibérica. Aunque para nada debamos deducir por ello que una vez consumada la expulsión, en estos territorios se configurara un Estado moderno ni mucho menos un Estado centralizado. Las distintas “noblezas” mantuvieron sus derechos territoriales, no siempre de manera pacífica, aduanas, monedas propias, fueros, etc. Simón Bolívar, en sus dos viajes a España, llegó al puerto de Bilbao; para seguir su viaje a Madrid tuvo que esperar a que se le concediera un visado. La adhesión a la Iglesia Católica Apostólica y Romana fue el único elemento de cohesión entre los distintos territorios.
Si para los pueblos prehispánicos, la llegada de los colonizadores peninsulares supuso una auténtica catástrofe, ésta no lo fue menos para los pueblos ibéricos. Selló una alianza entre nobleza, ejército, e iglesia que nos condenó, en el marco de un modelo colonial rentista, a padecer durante siglos un atraso generalizado, que solo benefició a la oligarquía financiero terrateniente y a sus aparatos de Estado: Monarquía, Ejército e Iglesia.
Mientras los inmensos recursos saqueados en América Latina, favorecían el surgimiento de burguesías mercantiles y, posteriormente, industriales en Inglaterra, Francia y centro Europa, aquí se seguía utilizando el arado de vertedera romano, la productividad de la tierra era mínima, las hambrunas exterminadoras y la población escasa, exigiendo incluso en pleno siglo XVIII, la compra de pobladores extranjeros. El mantenimiento del Imperio, aquel en que no se ponía el sol, exigió utilizar ingentes recursos para costear guerras en Europa, el Mediterráneo, África, América Latina, a través de créditos que fueron esquilmando aún más las arcas del Estado.
Llegados a finales del siglo XIX, cuando se produce la pérdida de las últimas colonias de ultramar, la crisis que provoca la nueva situación deja en el aire la industria manufacturera, principalmente textil, de Cataluña, que se desarrolló, no gracias a nuevas tecnologías o elevada productividad, sino al amparo del monopolio comercial de sus productos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Las explotaciones mineras estuvieron siempre en manos extranjeras, así como gran parte del capital de la industria naval de la cornisa cantábrica. Ya nos podemos imaginar el tráfico de influencias y la corrupción que generaron esas concesiones. La construcción de la red de ferrocarriles y su posterior explotación, por ejemplo, quedó en manos inglesas. Mi abuelo paterno, que era ingeniero de ferrocarriles, trabajaba aún en 1920 para los ingleses en Algeciras.
Dos movimientos intelectuales de finales del XIX harían, desde distintas esferas, una crítica del atraso secular de España y del sistema consolidado tras la I ª Restauración Borbónica: “El Regeneracionismo” y la Generación del 98.
El Regeneracionismo político, implícito en la breve experiencia de la I ª República (1873-1874), tuvo sin embargo una gran trascendencia al ser el motor ideológico de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, donde se refugiaron los profesores e intelectuales perseguidos y en la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, que permitió la formación de científicos e intelectuales en el extranjero[2].
La crisis era generalizada y no sólo económica. El descrédito del sistema monárquico y sus poderes, incluidos los partidos políticos de la Restauración , extraordinario. La clase trabajadora, industrial y agrícola, contaba con organizaciones sindicales muy combativas, al mismo tiempo que los nuevos partidos (socialistas y republicanos) comenzaban a aglutinar los deseos de cambio. A pesar de que pueda parecer lo contrario: la Monarquía nunca fue una institución estable en nuestra historia contemporánea. Tras la dictadura de Primo de Rivera[3], unas elecciones municipales, celebradas el 12 de abril de 1931, se convirtieron en un plebiscito entre Monarquía y República. Al ganar las candidaturas republicanas en los grandes núcleos urbanos, fue proclamada la II ª República Española; el rey Alfonso XIII partía para el exilio con su corte de mangantes; se nombraba un Gobierno Provisional hasta que fueran convocadas Cortes Constituyentes.
El 14 de abril fue un día de gran alegría y entusiasmo. Las banderas republicanas ondearon en todos los Ayuntamientos y las gentes se echaron a las calles para celebrarlo.
El objetivo de la II ª República no fue otro que el de iniciar la modernización y democratización de la sociedad española, sacándola del atraso al que había sido condenada por esa alianza de clases, que había hecho del rentismo, el caciquismo, el nepotismo, la corrupción, el militarismo y el oscurantismo, su base de funcionamiento y reproducción. Acababa la I ª Restauración Borbónica.
Lo que pudo haber sido y no fue
La tarea, por tanto, era ingente. La II ª República Española tuvo un recorrido breve y convulso; a pesar de lo cual abordó muchos de los problemas endémicos que se padecían.
Consiguió la separación Iglesia-Estado; dada la imbricación histórica de ambas instituciones, la medida fue de una gran radicalidad.
El Ministerio de Instrucción Pública abordó un ambicioso plan de construcción de escuelas públicas, dotándolas de jóvenes maestros y maestras formados en novedosos planes de estudio, por supuesto que la escuela se definió como laica, pública, gratuita y universal, responsabilidad única e ineludible del Estado. Se daba respuesta al déficit educacional y cultural generalizado, al analfabetismo endémico. Esta preocupación de la República fue una de sus enseñas hasta el último aliento de su existencia, incluso, en su etapa en guerra pues hasta las trincheras llegaron los alfabetizadores, materiales educativos para los soldados, misiones culturales, etc.
En cuanto al Ejército, la nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1931, hacía una declaración de principios en la que se renunciaba a la guerra como instrumento para dirimir conflictos entre naciones. Era un freno constitucional, del mayor rango, a la tradición intervencionista y colonialista del Ejército. Se produjeron jubilaciones y pases a la reserva, para mermar la influencia de los altos mandos más comprometidos con el anterior ideario. Pero queda claro, visto el Golpe de Estado que los “africanistas” promovieron el 18 de julio de 1936 y que deribó en la guerra, que no fueron suficientes. El gobierno de la II República creó la “Guardia de Asalto”, como contrapeso a la Guardia Civil , y con la intención de crear una policía republicana.En cualquier caso, en la derrota militar del legítimo gobierno republicano no se puede contemplar tan sólo a estos sectores militares (y civiles: terratenientes, banqueros e Iglesia) que se aglutinaron alrededor del “Alzamiento Nacional”; sin la intervención de la Alemania y la Italia fascistas y la “neutralidad” (en realidad lo que hoy se denomina “espacio de exclusión aérea”, más el embargo de armas y el cierre de fronteras de todo tipo), de las “democracias occidentales”, el final seguramente hubiera sido otro.
En tan corto período de tiempo, la II República promovió un extraordinario desarrollo de los derechos económicos, sociales y políticos.Ahora puede parecer normal que el derecho al voto sea universal pero en aquel momento este derecho estaba vetado para las mujeres en muchos países occidentales. Se fijó el salario mínimo, incluidos los trabajadores del campo. Se estableció como único legal el matrimonio civil. El divorcio se declaró libre, etc. La Ley Electoral consagró las listas abiertas. Liberados los sectores populares de la opresión directa del oscurantismo promovido por la Iglesia , el clima de libertades se amplió a todos los niveles; una auténtica revolución democrática que amplió perspectivas de crecimiento humano y colectivo, así como la irrupción de las clases sociales oprimidas y de la intelectualidad progresista en el debate, en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, en el Parlamento. Un arrebato de ciudadanía, de republicanismo (de cosa pública).
Hombres y mujeres de distinto signo ideológico defendieron los derechos colectivos impulsados por profundos convencimientos, sin buscar el enriquecimiento ilícito, con aciertos y errores, pero con ética y moral. Hasta el último momento[4] .
Como comentábamos, la imagen de una España uniforme estaba muy lejos de la realidad. Por primera vez, de modo pacífico, se reconocen la existencia de pueblos con derechos propios dentro del Estado. Cataluña y Euskadi conforman sus propios gobiernos; otros pueblos están discutiendo sus Estatutos cuando estalla la guerra. De no haberse interrumpido la experiencia republicana, hubiéramos asistido, seguramente, a un modelo federal e incluso confederal con el paso de los años.
Historia emocionante, breve y convulsa no solo por su final a sangre y fuego. Como cualquier proceso histórico la II ª República estuvo atravesada por fuertes contradicciones aunque en honor a la verdad habría que decir que al menos durante su existencia, “las intenciones” estuvieron claras; nadie dudaba de que existía la lucha de clases y cada quien actuó en consecuencia.
Roete Rojo
[1] La I ª Restauración Borbónica se inicia en 1874, cuando liberales y conservadores pactaron el regreso de los Borbones, para generar estabilidad y repartirse el pastel.
[2] Uno de sus mentores y activistas políticos fue el abogado aragonés, profesor y notario, Joaquín Costa. Se hizo muy conocida una consigna suya, que refleja muy bien el espíritu de estos reformadores: “Escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid”. Muy preocupado por los temas agrarios, escribió un libro titulado “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de España: urgencia y modo de cambiarla”.
[3] Por cierto que en el Manifiesto del Golpe de Estado de Primo de Rivera, también se arremetía contra los “profesionales de la política”. Este período abarca desde 1923 a 1930.
[4] Un ejemplo, para expresar lo que intento decir: el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, D. Alejandro Otero, dirigente socialista, fue hecho preso en 1934, durante el Bienio Negro, por ser el presidente del Comité de la Huelga Revolucionaria. Diputado a Cortes Constituyentes, Rector Magnífico de la Universidad , profesional de fama mundial, estaba en contra del aborto, debate que ya se iniciaba. Este mismo hombre, una vez estallada la guerra, asumió la Subsecretaria de Armamento y Pólvoras del Gobierno Republicano.
Otro muy significativo: las Cortes Constituyentes de 1931 tuvieron que discutir el derecho al voto de las mujeres. Dos diputadas (la mujer no podía votar pero sí ser elegida), defendieron posturas contrarias. Clara Campoamor (del Partido Radical, de nefasta historia) fue la aguerrida defensora del voto femenino. Margarita Nelken (del PSOE), defendió postergar ese derecho por el temor de que las mujeres, influenciadas por la Iglesia , votaran masivamente a las derechas. En las elecciones de 1933 ganaron las derechas, agrupadas en la CEDA , lo cual no le daba la razón a Margarita Nelken; hay que tener en cuenta que la CNT pidió la abstención y su influencia era muy grande en amplios sectores de la sociedad de aquellos años. Está claro que las mujeres de las “derechas” votaron masivamente.
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