VENEZUELA INICIA EL RESCATE DE SU SOBERANÍA NACIONAL EN LA FRONTERA CON COLOMBIA

(Entrevista al profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Jesús Peña Cedillo)

Realizada para El Otro País de Este Mundo 

P. Querido profesor, cuáles son los motivos que justifican el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos puntos estratégicos de los Estados Táchira y Zulia, así como la declaración del Estado de excepción en dichos puntos?

Si bien el detonante más inmediato de las acciones del Presidente Maduro fue la agresión armada por parte de paramilitares a funcionarios de la Fuerza Armada venezolana a plena luz del día; debe entenderse que en esas zonas se han estado dando graves situaciones irregulares que tanto en términos económicos como de seguridad hace tiempo necesitaban ser controladas. Sin duda alguna podría hablarse de pérdida parcial de nuestra soberanía en esos territorios.

Así, por ejemplo, el contrabando de extracción hacia Colombia de productos venezolanos de todo tipo (pero principalmente alimentos y gasolina) ha adquirido dimensiones impresionantes con incidencias negativas de largo impacto para toda Venezuela. Baste apuntar dos elementos: por un lado, hemos estado surtiendo a Colombia de combustible gratuito (más exactamente, robado) por valor de casi tres mil millones de dólares anuales y, por otro, el país pierde más de una tercera parte de sus inventarios de alimentos y productos de primera necesidad (sean producción propia o importados con recursos del Estado) que son llevados a Colombia ilegalmente para ser vendidos a precios exorbitantes.

De igual manera, la situación de seguridad en la frontera es precaria al haberse constituido la región en un santuario para los paramilitares supuestamente desmovilizados en Colombia, quienes extorsionan amenazando con la violencia y el terror a gran parte de nuestros actores económicos, al tiempo que explotan actividades delictivas como el narcotráfico, el sicariato y la prostitución.

Pero ese resumen de la historia, siendo cierto, enmascara otros fenómenos de mayor calado que –hasta donde entendemos- al fin están siendo abordados en profundidad por el Estado venezolano, luego de continuadas solicitudes populares que hasta ahora no habían sido escuchadas.

P. Por lo tanto, la situación descrita forma parte fundamental de la “guerra económica” contra el pueblo y con los planes de desestabilización permanentes…

Por supuesto, los elementos relacionados con el ‘bachaqueo’ (contrabando generalizado) y la devaluación artificial de la moneda venezolana en la frontera no son fenómenos espontáneos, sino que forman parte de actividades dirigidas a socavar el sistema económico nacional.

Pero de igual manera, circunscribir los acontecimientos solo a la dimensión económica es una simplificación peligrosa, en virtud de que Venezuela se encuentra desde hace muchos años sometida a una guerra más bien ‘híbrida’ (económica, psicológica, militar, política, terrorista, diplomática, etc.); presentándose fenómenos fuertemente imbricados que configuran el largo asedio que ha estado sufriendo la revolución bolivariana desde sus inicios.

De hecho, el acento solo en lo económico nos puede impedir ver un fenómeno de mayor envergadura y del que poco se discute. En estos momentos en toda Sudamérica  estamos enfrentando una abierta ofensiva contra-revolucionaria que busca destituir o neutralizar a todos los gobiernos progresistas de la región. Es una ofensiva de gran calado que no tiene como objetivo ‘molestar’ el desenvolvimiento de determinados gobiernos o ‘ayudar’ a algunos movimientos derechistas específicos, sino que procura reconfigurar la distribución del poder regional en favor de las oligarquías que en mayor o menor medida fueron desplazadas a lo largo del siglo XXI.

Este tipo de macro fenómenos señalan con claridad que ninguno de los gobiernos progresistas sudamericanos tiene garantizado nada al amparo de hacer un ‘buen gobierno’, bajo los parámetros de la eficacia y eficiencia usuales; sino que para las oligarquías regionales ya hace tiempo coaligadas internacionalmente, no hay límites en los métodos a los que apelarán (y han apelado) para revertir su desplazamiento del poder, por supuesto en plena coordinación con el imperialismo norteamericano.

Uno de nuestros errores de los últimos años ha sido creer que se podía apaciguar esa confrontación si lográbamos ejecutar buenas acciones de gobierno, ganándonos como ‘aliados estratégicos’ a sectores de la burguesía, suponiendo que siempre se respetarían ciertas reglas de juego bajo el capitalismo dependiente y parasitario que nos caracteriza. En el caso venezolano, tal ilusión nunca ha tenido ningún asidero, y en aquellos pocos casos que en la subregión aparentaban cierta alianza con alguna ‘oligarquía nacionalista’, en estos momentos se ven signos de que están implosionando.

Las reglas de la democracia representativa hace tiempo fueron dinamitadas por la propia burguesía (aunque el juego de malabares haya seguido adelante) y nosotros–incluso hoy día- parece que no hemos caído en cuenta de ello, obnubilados por el recurrente apoyo electoral recibido. Las medidas para enfrentar una ofensiva contrarrevolucionaria sin escrúpulos debieron hace ya algunos años adquirir otro signo. Con el cierre de la frontera se abre una esperanza –si bien tardía- para iniciar un episodio distinto, que vaya más allá de los problemas fronterizos específicos, avanzando hacia una necesaria re-polarización de la política suramericana en un esquema de acción en el que dejemos de ser simplemente reactivos.

En ese marco no es superfluo señalar que debemos prepararnos para resultados nada halagadores en las elecciones parlamentarias venezolanas del próximo mes de diciembre. El privilegio de la dinámica electoral, que por supuesto tiene un importante peso, en los últimos tiempos nos ha impactado negativamente (no necesariamente en términos de malos resultados) porque ha retrasado el desarrollo de estrategias (coordinadas internacionalmente) que enfrenten el cambio de signo que ya se está dando o que inevitablemente se va a dar en el corto plazo en países como Uruguay, Argentina y Brasil. No ponderar esos elementos, los cuales cambiarán sustancialmente el contexto internacional en el que nos hemos estado moviendo, nos ha impedido tomar medidas en favor de la conservación y el reimpulso revolucionario dentro del país y en la región.

En el caso particular de Venezuela, los elementos específicos de la guerra económica (rastreables desde por lo menos el año 2002) no son sino un elemento más de un asedio que incluye, entre muchos otros frentes: las tensiones generadas con Guyana; la guerra mediática y psicológica permanente; los ataques recurrentes provenientes de España, Perú, Panamá, Chile, México, la OEA y ahora también Uruguay, sea cual sea el tema coyuntural que se presente; el dominio territorial fronterizo por el paramilitarismo y su infiltración en el hampa común; el ataque coordinado a nuestra moneda; el contrabando de extracción y el sabotaje en la distribución interna, dirigidos en buena medida por grandes empresarios venezolanos (junto a funcionarios civiles y militares corruptos); el decreto de Obama en contra del país; los ataques terroristas a cuadros revolucionarios emblemáticos, etc., etc.

No hay duda de que las medidas en la frontera apuntan en un buen sentido, pero si se cree que se resuelve el tema tan solo con un acuerdo de ‘convivencia’ que ‘apacigüe’ los ataques que provienen del frente colombiano, es que no se ha entendido nada y no estaremos avanzando en lo sustantivo.

P. El Gobierno Bolivariano denuncia la existencia, incluso, de un plan para hundir la moneda nacional, el Bolívar. ¿De qué se está hablando?

El caso de la devaluación artificial de la moneda nacional venezolana es representativo de lo que señalamos. El Banco de la República en Colombia (el equivalente a un Banco Central), fija el precio de la moneda en determinado valor, pero una disposición de hace más de diez años, les permite a los llamados ‘cambistas’ asumir el tipo de cambio que deseen, esgrimiendo razones de ‘libre mercado’. Esta posibilidad ha hecho que cambistas coaligados (y enlazados con paramilitarismo y narcotráfico) decidan que el bolívar en la frontera valga 40 veces menos que en Bogotá (5 pesos por bolívar en Cúcuta versus más de 220 pesos por Bolívar en Bogotá).  Eso no tiene nada que ver con el libre mercado, sino con una operación económica y política auspiciada por actores de la vida real identificados.

Con ese tipo de cambio se provoca un flujo desproporcionado de mercancías hacia la frontera ya que los productos venezolanos se consiguen casi regalados y pueden ser revendidos (en Colombia) a precios altísimos (comparados con su precio venezolano), pero manteniéndose todavía más baratos que sus equivalentes colombianos.

Las diferencias de precios entre fronteras son eventos comunes en muchas partes del planeta, pero se evitan esas distorsiones extremas con acuerdos entre los países y se imponen aranceles de importación que permiten organizar las transacciones; además de que los ataques especulativos a una moneda y el contrabando son severamente penados. En este caso,  Colombia ha desmantelado la normalidad fronteriza tanto por permitir que una mafia devalúe artificialmente la moneda venezolana, como al facilitar y ‘legalizar’ el contrabando de extracción. Los municipios colombianos fronterizos cobran un impuesto a los traficantes (ladrones) de gasolina, ‘regularizando’ así su actividad; a diferencia de lo que sucede en el resto de ese país, en donde cualquier intento de vender gasolina pasa por una buena cantidad de trámites, incluyendo la demostración del origen legal del combustible.

Pero todo no queda allí, el llamado ‘dólar cucuteño’ está desde hace tiempo siendo utilizado como excusa por los empresarios venezolanos para vender sus productos a precios especulativos en Venezuela, alegando que tanto la devaluación como el desabastecimiento (que se potencia por el control arbitrario de la distribución de alimentos por parte de los privados) los ‘obligan’ a triplicar o más los precios.

La artificialidad de todo esto se constata al verificarse las cifras de los productos que día tras días se ponen a disposición de los venezolanos y desaparecen, así como las capacidades adquisitivas que aún se conservan para adquirirlos a precios inflados. Sin la maquinaria contrabandista, los anaqueles venezolanos estarían copados, los precios seguirían siendo asequibles y el número de venezolanos con solvencia para adquirirlos seguiría creciendo, como lo había estado haciendo  durante quince años de revolución.

En definitiva, no estamos frente a la ‘viveza’ empresarial usual, ni mucho menos ante el ‘libre mercado’ que castiga las políticas socialistas. Estamos  ante una acción coordinada de poderosos actores empresariales venezolanos (productores y distribuidores), junto con actores políticos y económicos del lado colombiano, en una operación de acoso y derribo que está mellando seriamente la calidad de vida del venezolano asalariado y la base de respaldo del proceso venezolano.

Ahora bien, a mi juicio hay una importante responsabilidad de los factores revolucionarios para que estas actividades hayan llegado a tal nivel de impacto negativo sobre la economía y la política venezolana porque han dejado las puertas abiertas para que estos fenómenos adquiriesen esas dimensiones. Se ha fallado en no haberse alertado sobre esos elementos en etapas tempranas y se ha actuado con retardo y pusilanimidad una vez estallaron en nuestra cara. Agreguemos a ello la complicidad impune de factores militares y empresariales en las acciones de contrabando y se entenderá la magnitud de la responsabilidad propia en que la situación haya adquirido la gravedad actual.

Por otro lado, si el cálculo ha sido tomar las medidas de fondo luego de las próximas elecciones, probablemente se habrá pasado ya el punto de no retorno en el descontento y el deterioro político. Otro error solo asignable a nosotros mismos.

Analizando más profundamente la situación, tal vez el pecado original debamos situarlo en haber pasado demasiados años apostando a cierto ‘socialismo rentista’, junto con el fracaso (y su enmascaramiento) de muchas iniciativas de producción social que deberían haber proporcionado salidas económicas alternativas ante el ataque actual (fracasos debidos a burocracia, opacidad de la acción pública, corrupción, falta de conciencia e ineficiencia tanto de actores de gobierno como de actores sociales populares específicos). Se trata de graves responsabilidades compartidas por muchos estamentos de la revolución, factores que  han obstaculizado el indispensable desarrollo de un implacable control social sobre las políticas y las finanzas del Estado.

P. Las medidas adoptadas, como el cierre o el estado de excepción, tienen algún precedente en época del Presidente Chávez, ¿por qué se ha tardado tanto en establecer ese plan estratégico necesario?

Durante el gobierno del Presidente Chávez las relaciones con Colombia también sufrieron serios momentos de tensión, pero nunca se llegó a plantear el cierre fronterizo, ni ningún estado de excepción. Pero debe recordarse que en algún momento se produjo un despliegue de unidades militares mecanizadas hacia la frontera en respuesta a una posibilidad de ataque por parte de Colombia. En ese momento la tensión militar fue mayor que hoy en día, pero debe destacarse que el peligro de confrontación es ahora más bien interno por la infiltración paramilitar.

El retardo en las medidas actuales puede achacarse tanto a deficiencias graves en el análisis estratégico como en la ya señalada creencia de que existen ‘reglas de juego’ aceptadas por todas las partes. Y ello a pesar de las múltiples muestras de la oligarquía de ambos países de que tienen como único propósito arrancar de raíz los procesos revolucionarios latinoamericanos, de ninguna manera conciliar o coexistir con ellos.  Incluso, no sería de extrañar que, dado el debilitamiento general del campo progresista suramericano en los últimos años, la opción militar abierta se vuelva a manejar contra Venezuela.

El máximo peligro de la coyuntura fronteriza actual es confundir lo que debe estar en el repertorio político discursivo (la hermandad eterna, la coexistencia pacífica de modelos, la ‘normalidad’ en la frontera, etc.), con las medidas de fondo para el desarrollo revolucionario que deben ser implementadas ante el tipo de confrontación en que estamos inmersos, las cuales deben pasar por más socialismo, más control social y más re-polarización política de nuestros pueblos.

 P. ¿Relaciona usted estas medidas con la puesta en marcha de la Operación Liberación del Pueblo (OLP)?

Las OLP han sido presentadas como medidas contundentes de liberación de algunas zonas de la violencia protagonizada por la delincuencia organizada. Los principales víctimas de esta violencia son las zonas más empobrecidas donde la policía ni se aparece. Este tipo de acciones –largamente esperadas- surge por la constatación de que la delincuencia usual estaba siendo infiltrada y dominada por el paramilitarismo (y ello ha estado sucediendo en diversos puntos del territorio nacional, no solo en la frontera) con propósitos políticos a ser explotados en el momento adecuado. La aplicación de estas operaciones en la frontera es más bien una consecuencia lógica de la decisión de controlar los fenómenos peligrosos allí presentes, pero ellos podrían haberse afrontado con los procedimientos policiales y militares que proveen los estados de excepción. Su asimilación dentro de las OLP debería permitir coordinar los hallazgos de estos grupos en la frontera con los de otros lugares del país, además de que se aprovecha la altísima aceptación popular de las OLP.

En resumen, las OLP y el cierre fronterizo llevan dinámicas independientes, pero confluyen en el momento y lugar de su aplicación por razones de oportunidad. Las OLP seguirán (deberían seguir) más allá de las soluciones que se den al problema fronterizo. Y los problemas fronterizos, como se ha indicado antes, no son solo un problema de seguridad que se resolverán con una OLP.

P. ¿Le sorprende la actitud irresponsable del Gobierno de Colombia quien acusa al Gobierno de Venezuela de violación de los derechos humanos? Venezuela ha recibido a más de 5 millones de colombianos  y colombianas que salieron de su país huyendo del conflicto armado…

Venezuela da soporte a cerca de doce millones de colombianos a ambos lados de la frontera, aliviándoles así las tareas a los gobiernos neoliberales de ese país. Ese es uno de los mayores dolores que le causa a la oligarquía el cierre actual, ya que pone en evidencia esa inmensa demanda social de su población abandonada.

Los casi seis millones de colombianos residentes en Venezuela (cerca del 20% de nuestra población) viven  mezclados con nosotros (incluso el Presidente Maduro es hijo de una familia binacional) y no han recibido ningún tipo de maltrato ni antes ni en la circunstancia actual, como algunos medios han intentado hacer ver. Un ejemplo de lo que estamos señalando es que la Misión Vivienda ha distribuido cerca de ochocientos mil viviendas dignas; siendo entregadas a familias colombianas más de cien mil de ellas.

Entre tato, han sido menos de dos mil colombianos los que han sido deportados, básicamente los identificados como contrabandistas; en tanto se han establecido mecanismos de tránsito para aquellos residentes en la frontera que tienen trabajos, estudios o actividades legales que les obliga a cruzarla. La idea de un ‘desastre humanitario’ que los grandes medios han intentado colocar, es totalmente infundada.  De hecho, en lo que va de año, a Venezuela siguen ingresando refugiados colombianos a razón de más de diez mil por mes (más de ciento cuarenta mil al año). Un fenómeno migratorio de muchos años de duración y de magnitud incluso mayor al que vive actualmente Europa, pero que ha sido silenciado por los grandes medios de comunicación regionales y globales.

No debemos sorprendernos de la actitud del gobierno de Colombia porque las medidas tomadas representan un duro golpe para ellos en varios frentes: en el económico, con el cierre de los ingentes recursos apropiados  a través del contrabando; en el social, ya que la dinámica existente ocultaba el abandono sufrido por la población colombiana que se ve obligada a abandonar ese ‘paraíso’ neoliberal; en el energético, haciéndose evidente la ausencia de suministro de combustible alguno a la zona por parte del gobierno colombiano; en el estratégico y de seguridad, al confrontarse la infiltración paramilitar y la toma en los hechos de territorio venezolano; etc.

El desmantelamiento de todas esas situaciones es todavía un proceso en curso y dificultoso. Unifica en un solo campo a la oligarquía colombiana (la tradicional con la paramilitar  narcotraficante), y suma a los sectores del lumpen surgidos por el abandono del estado colombiano y que construyeron un modus vivendi centrado en el contrabando de productos venezolanos. Igualmente suma, sin que sea sorpresa, a la oligarquía venezolana.

 P. ¿Qué opinión tiene la mayoría del pueblo venezolano, dentro y fuera de los Estados fronterizos, de las medidas adoptadas?

Todo indica que existe amplia aceptación de las medidas tomadas, porque procuran controlar la salida de gasolina y productos esenciales. Ya se ven algunas mejoras en la presencia de productos en los comercios venezolanos; pero falta muchísimo para que la situación negativa se revierta, ya que no es solo el problema del contrabando lo que afecta el abastecimiento.

En ese sentido, si se falla en lograr mejoras en el acceso a los bienes básicos puede producirse una mayor decepción que difumine todo el apoyo actual. Y no estamos hablando de una posibilidad remota, ya que hasta este momento no se termina de reconocer que la mayor parte del contrabando no es obra del bachaqueo individual, sino que existen mafias organizadas que contrabandean gigantescos contenedores e incluso los propios barcos de PDVSA indican llevar unas cantidades de gasolina y resultan ser otras. Eso apunta hacia sectores militares, de la industria petrolera, del empresariado privado y de la burocracia estatal, que no están siendo abordados con las medidas hasta ahora anunciadas. La otra dimensión del problema es el empresariado monopolizador de la distribución de productos, un factor esencial que no es atacado en profundidad por las acciones del Estado.

En cuanto a las OLP, su aceptación sigue siendo muy amplia. Es representativo que en el Táchira, región opositora por excelencia, la delincuencia y los asesinatos hayan sido erradicados en forma casi absoluta en cuestión de días, por lo cual el respaldo a esas operaciones es muy amplio en todos los sectores de su población.

De todas maneras, traducir esos apoyos en comportamiento electoral en diciembre es muy dificultoso. El sentimiento venezolano mayoritario acerca de las bondades de las políticas socialistas ha sido fuertemente golpeado por la caída notable de los niveles de vida debido al desabastecimiento, la inflación y la conjura mediática que amplifica todo ello. La movilización del voto chavista, todavía mayoritario pero abstencionista, requiere tanto la mejora de esos factores económicos en los pocos meses preelectorales que quedan por delante, como una estrategia de repolarización de la lucha política, que muchos en el gobierno todavía dudan en asumir.

P. Por último, profesor, que justo en esta coyuntura la Comisión Interamericana de DD.HH. condene a Venezuela por la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), algo que ya hasta se nos había olvidado, ¿lo entiende como una casualidad?, ¿o quizás están preparando el “ambiente” internacional para las elecciones legislativas de diciembre?

R. Ese ambiente lo vienen preparando hace mucho tiempo. Parte del asedio en lo económico y psicológico tiene como referencia esas fechas. Pero las medidas de la CIDH y otras que vendrán son derivadas de la guerra híbrida mencionada al inicio. No hay herramienta que no utilicen contra la revolución, coordinadamente o no. Es lo único que explica que algo tan antiguo y sin posibilidad alguna de modificación como lo de RCTV es traído a la luz; por supuesto, el rechazo a la encarcelación de Leopoldo López por los asesinatos que incitó en 2014 con su intento de Golpe de Estado se llevará muchos titulares; y seguirá reiterándose la intervención de gobiernos y parlamentos extranjeros como los de España, Chile o México, alegando cualquier actuación que no les guste. Es patético presenciar como México pretende darnos lecciones de respeto a los derechos humanos; ante eso, todo tipo de agresión se puede esperar. Reitero: estamos ante una estrategia continental contra los movimientos de avanzada. La derecha se organiza para actuar a nivel internacional y lo hace sin vergüenza; nosotros somos muy tímidos en eso.

Lo positivo es que resurge la discusión esencial de cómo lidiamos con el capitalismo. Si algo demuestra la experiencia venezolana es que su metabolismo se cuela por cualquier resquicio. En fin, si se quiere  hacer una revolución anticapitalista, se ha hecho –a mi juicio- evidente que al capitalismo hay que irlo retirando de todas las esferas de la vida social continua e incansablemente. De no hacerlo así, terminaremos administrándolo hasta que nos devore.

 P. Ninguna sorpresa ante la actitud de los medios nacionales e internacionales, supongo.

El papel de las empresas dedicadas a la desinformación haciéndose pasar como medios de comunicación ‘libres’, sigue siendo el mismo, solo que más descarado. Hace ya muchos meses todos los diarios derechistas latinoamericanos dedican en contubernio una página diaria para atacar a la revolución bolivariana, y eso lo consideran libertad de expresión. No hay antecedentes en el mundo en donde tal cantidad de periódicos de un continente (cerca de un centenar) se coaligue para atacar a un sujeto político de manera tan descarada y tan artera.

Las matrices que intentan posicionar acerca de la violación de derechos humanos, o las presuntas incursiones de la aviación de Venezuela en Colombia, o la supuesta agresión que preparamos contra Guyana, no dejan de ser los artificios de siempre; pero eso no los hace inocuos. De hecho, una provocación armada contra Venezuela (haciéndonos pasar como los agresores) siempre ha estado en la agenda de los oligarcas de toda América (la latina y la anglosajona).

Nuestra reflexión final es que no podemos seguir actuando como si el estado de cosas en la etapa actual fuese ‘normal’, cuando nos encontramos ante una agresión generaliza en todos los frentes y en todas nuestras naciones. Si seguimos dejando pasar las cosas ‘hasta que se pudran’, como hicimos con la frontera colombiana, no tendremos capacidad de responder de modo adecuado. Es hora de subir el nivel de acción estratégica de la revolución y abandonar la pasividad que se ha ido instalando. Se requiere más socialismo, no menos; pero ello solo podrá ser obra de actores sociales revolucionarios, no surgirá simplemente de las acciones de un ‘buen gobierno’.

Desde la ciudad del desamparo,

Roete Rojo