(De la memoria fragmentada
a las primeras conclusiones)
Las reflexiones que
a continuación aparecen fueron motivadas, en un principio, por la petición
hecha por un grupo de jóvenes estudiantes universitarios de Granada,
interesados en conocer la historia del movimiento estudiantil en nuestra
Universidad.
Fueron tema de dos charlas y posteriores debates, realizados en la Facultad de
Ciencias, allá por el año 1999. Tenían, por tanto, gran cantidad de ausencias,
ya que la experiencia que se expresaba estaba referida a la Universidad de
Granada.
De todos modos y,
para evitar en la medida de lo posible dicho inconveniente, juegue a favor de
este intento de reconstruir la memoria el hecho del carácter bastante uniforme de
las estrategias y políticas diseñadas por el movimiento estudiantil
antifascista en el conjunto de las Universidades del Estado; aspecto que he
podido certificar a través de la excelente recopilación hecha por la Revista Materiales,
así como releyendo mi Memoria de Licenciatura,
presentada en septiembre de 1979 y de la bibliografía citada en ella.
La primera gran
pregunta que cabe hacerse es por qué un movimiento que jugó un papel tan
importante en la lucha antifascista en nuestro país no ha suscitado casi ningún
interés en los estudios académicos, en los análisis histórico-políticos, en las
efemérides, etc. La documentación no sería, en principio, de imposible acceso:
gran parte de la misma debe existir en los archivos de las organizaciones
políticas que participaron en las luchas estudiantiles del período al que nos
referimos (al menos de las que siguen existiendo); el rastro puede también
seguirse en las actas de las estructuras de gobierno de las Universidades, en
las publicaciones ministeriales, en la prensa de aquellos años (por muy
parciales que los medios fueran por condiciones obvias reflejaron a su modo la
contestación estudiantil), incluso muchos de sus protagonistas podrían ser
consultados o entrevistados sin dificultad, etc.
Resulta inquietante,
también, que esa ausencia, que ese olvido se refiera a un movimiento que tuvo
en sus momentos álgidos un impacto que ha perdurado en el tiempo en todos los
países donde se desarrolló. En este aspecto, la existencia de la dictadura
fascista en España no puede ser considerada como una particularidad que le
restara importancia sino más bien todo lo contrario. Quiero decir que el
movimiento estudiantil bajo el fascismo en España no sólo hizo frente al modelo
de Universidad y de sociedad globales sino que lo hizo en las peores de las
condiciones concretas imaginables, en las condiciones de una dictadura que lo
observó y trató como a un enemigo sobre el que descargó su pesada máquina de
represión y terror.
Cierto que no
podríamos lanzar una liana que llegara desde el movimiento estudiantil
antifascista a la Universidad de nuestros días; entre otras cosas porque aquel
movimiento respondió, en todo el mundo, a unas condiciones objetivas y
subjetivas superadas hoy. Pero sí que podríamos indagar en la historia de dicho
movimiento para encontrar algunas explicaciones sobre la desaparición de la
memoria histórica, entre otras cosas para hacer justicia con muchas
generaciones de jóvenes que arriesgaron sus vidas luchando por una Universidad
más libre en el marco de un proyecto emancipador para el conjunto de la
sociedad; indagar en la historia del movimiento estudiantil para explicarnos
algunos elementos de su declive actual. Y es ahí donde, desde mi punto de
vista, nos veremos obligados a situarlo dentro de la Transición Política
española y a observarlo como una de sus primeras víctimas.
Como
plantea Francisco Fernández Buey en la nota introductoria a la recopilación
publicada por Materiales, entre los factores que explican la
discontinuidad del movimiento estudiantil se encuentra la dificultad para crear
su propia memoria. Fernández Buey profundiza en dicha circunstancia, planteando
un doble problema:
<<Dentro
de la universidad el movimiento tiene que contar, en efecto, con el hándicap de
las rápidas incorporaciones y salidas de levas de estudiantes en el transcurso
de un lustro, las cuales dificultan la articulación de objetivos, análisis
críticos y métodos de lucha que es lo único que puede dar continuidad y
coherencia interna a un movimiento social... Hay, sin embargo, junto a éste,
otro aspecto del problema: la total dispersión de los estudiantes fuera ya de
la universidad>>.
Compartiendo en su
totalidad la valoración hecha por Fernández Buey, y con la perspectiva que
irremediablemente permite el paso de más de dos décadas, me permito sumar
algunos elementos.
En primer lugar, no
se puede olvidar que frente a esas condiciones objetivas (permanente renovación
de las bases), existía el elemento unificador de experiencias y estrategias que
se establecía a través de la presencia y actividad de las organizaciones
políticas de izquierda. El estudiantado podía variar su composición pero en el
seno de los partidos (al menos fue evidente para los que mayor influencia
tuvieron, PCE y PSUC),
existía una estrategia que permanecía en el tiempo, que se iba adecuando -con
acierto o no- a los cambios de coyuntura y un intercambio
generacional que permitía a los nuevos militantes formarse en la experiencia de
sus mayores. La preocupación por hacer
frente al problema objetivo de la permanente renovación de las bases, se
planteó incluso, como sitúa Fernández Buey, en el seno del movimiento:
<<Los
estudiantes barceloneses mantuvieron un
organismo consultivo, con carácter permanente, formado por anteriores delegados
estudiantiles que se habían bregado en la lucha contra el SEU y
cuya contribución a la formación de los nuevos representantes, a la
organización del SDEUB,
en marzo de 1966, fue decisiva en más de un sentido para la continuidad del
movimiento>>.
El movimiento
estudiantil, por otra parte, no fue el único en sufrir un estrepitoso retroceso
en el período de la
Transición Política; otros movimientos del campo popular,
incluyendo al mismo movimiento obrero, al movimiento vecinal, al movimiento
feminista, que no tenían por su composición interna el hándicap de la
permanente renovación de sus bases, también lo sufrieron. Por lo tanto habría que entender que si bien
es importante el problema de la composición de las bases, en el decaimiento generalizado
del movimiento popular en su conjunto, incluido el estudiantil, participaron
otras fuerzas comunes.
Existe además la
particularidad, aún sin explicar, de la falta de memoria “externa” al
movimiento estudiantil antifascista, es decir, el vacío y el desinterés por
recuperar su historia para que pueda ser patrimonio colectivo y pueda ocupar el
lugar que le corresponde por derecho propio.
¿Sólo un movimiento antifascista?
En el debate
interno que sufrió el movimiento estudiantil en las postrimerías del fascismo,
se encontraron posiciones que al analizar las especificidades de los
movimientos universitarios españoles (en alusión también al movimiento de
Profesores No Numerarios),
los ligaron directamente con la pervivencia de la dictadura fascista. Sin
restar importancia a esta relación, reducir el movimiento estudiantil a su
carácter antifascista supone cerrar cualquier posibilidad de entender la
complejidad nacional e internacional del movimiento que explotó en mayo del 68.
Al menos desde esta fecha simbólica el movimiento no se explicaría sin su claro
contenido anticapitalista.
El movimiento
estudiantil se vertebró alrededor de los siguientes ejes programáticos: la
crítica del estado fascista y de su Universidad; la lucha por un nuevo tipo de
enseñanza y, la andanada de mayor profundidad, la crítica del clasismo de la
Universidad y de todo el aparato educativo. Estos tres ejes son
cronológicamente casi consecutivos: la lucha antifascista es la línea de
engarce entre el primitivo movimiento (este sí específicamente antifascista,
los años de lucha dentro y contra el SEU, la época de la Unión de Estudiantes
Demócratas y de la Federación
Universitaria Democrática Española) y el posterior (creación
de los Sindicatos Democráticos, siguiente el ejemplo de Cataluña donde se
constituye el SDEUB, el 9 de mayo de 1966), que engarza con los llamados “años
radicales”.
En cuanto a
precisar la intensidad y el esclarecimiento de cada uno de esos ejes
programáticos, hay que señalar que la reivindicación más constante y que al
final se impuso fue la lucha contra el fascismo (autonomía universitaria,
gestión democrática, derechos democráticos, etc). Lo cual no quiere decir que
las reivindicaciones más rupturistas no tuvieran su importancia, como demostró
la lucha contra la Ley
Villar, la ocupación de cátedras, los juicios críticos, etc.,
aunque no terminaron de articularse claramente con los programas democráticos
quizás porque su salida política exigía algo más que la caída de la dictadura.
El profesor Manuel
Sacristán
señaló en varias ocasiones este aspecto contradictorio:
<<... la
particularidad de los movimientos universitarios españoles consiste en que es
desde hace 20 años, un movimiento iniciado, inspirado y sostenido –a veces a
costa de algunos tirones de pellejo- por universitarios de izquierda (incluso
mayoritariamente socialistas) en un medio burgués y pequeñoburgués, y entre
problemas sustancialmente burgueses... La contradicción se puede describir así
(insistiendo en lo esencial): por una parte lo que da energía inspiradora a la
práctica socialista en la universidad es que tiene una perspectiva que rebasa
la misma institución e inserta los problemas de ésta en el impuso social
generado por la clase obrera. Pero, por otra parte, esa misma raíz de su
energía acarrea que no tenga una solución de los problemas de la enseñanza sin
una solución socialista previa del problema del marco social básico>>.
En similares
planteamiento insiste Rafael Argullol en la Revista Argumentos:
<< Cuando
el movimiento estudiantil adquirió una mayor consciencia de la crisis
irreversible de la universidad tradicional, a la cual además había asestado,
mediante una crítica interna sin precedentes, una herida mortal, debía asumir
al mismo tiempo su impotencia para transformarla... se descubrió
simultáneamente, la imposibilidad de su modificación drástica –la única
aceptable-, a menos que pudiera recurrirse a un cambio de estructura social;
posibilidad histórica no sólo improbable en términos inmediatos en la Europa
occidental sino escasamente independiente de la voluntad objetiva de los
estudiantes>>.
Esta contradicción
volvió a hacerse palpable en los cursos académicos próximos y posteriores a la
muerte del dictador Francisco Franco. Los dirigentes del movimiento estudiantil
tomaron conciencia (en muchas ocasiones frente a las direcciones de los
partidos políticos en los que militaban) de algunas cuestiones básicas que el
movimiento tenía que resolver. Se intentaba hacer balance de una lucha ya larga
y de prepararse para el futuro. El debate se situó en distintos frentes. Lo primero
era revitalizar el contenido de masas del movimiento y potenciar una
organización propia que ayudara al proyecto democrático del país pero que a la
vez fuera capaz de imponer la “Ruptura Democrática” en la misma Universidad,
cosa que con razón no se veía como consecuencia inmediata de la democratización
del país. Fue la etapa del “radicalismo democrático”.
¿Un movimiento autónomo?
No recuerdo que
ningún sector de vanguardia del movimiento estudiantil teorizara su autonomía
total; de los documentos rescatados por el Revista Materiales tampoco se
desprende dicha posición. Por autonomía del movimiento se entendía:
a)
Capacidad del movimiento para
desgranar, del análisis de la realidad universitaria, las reivindicaciones
propias que de manera natural sintonizaban con el resto de los sectores en
lucha contra el fascismo o contra el sistema. Afirmación que puede comprobarse
en cada una de las etapas que hemos situado en el epígrafe anterior.
b)
Capacidad del movimiento de
dotarse, en base al análisis de la realidad universitaria, de las formas de
lucha y de organización que le permitiesen sobrevivir en las duras condiciones
de represión impuestas; sobrevivir, consolidarse y desarrollarse, vinculado
siempre al resto de los sectores en lucha contra el fascismo o contra el
sistema.
Ahora bien, ¿se
consiguieron siempre dichas aspiraciones?
La primera
dificultad radicó en la distinta
naturaleza que los sectores estudiantiles de vanguardia adjudicaban al
estudiantado. Resumiendo lo escrito por Francisco Fernández Buey a este
respecto en la nota introductoria citada, dichas posiciones iban desde:
a)
La consideración del conjunto de
los estudiantes como una verdadera clase social diferenciada.
b)
La consideración del total de los
estudiantes como un grupo sustancialmente burgués susceptible lo más de aceptar reivindicaciones formalmente
democráticas.
c)
La interpretación del movimiento
estudiantil como una capa social profundamente anticapitalista por necesidades
objetivas.
d)
La visión del movimiento
estudiantil como uno más de los movimientos populares, con reivindicaciones
específicas pero con los mismo objetivos democráticos del resto de movimientos.
Está claro que la
adscripción a una u otra concepción determinaron posiciones políticas concretas
y diferenciadas en temas tales como la política de alianzas dentro y fuera de
la Universidad, así como en relación a las formas de organización del
movimiento estudiantil.
En realidad la
“dependencia” se hizo palpable en multitud de aspectos, quizás el más evidente
fuera la disciplina a las directrices de las organizaciones políticas presentes
en el movimiento por parte de la militancia; aspecto éste que no puede ser
considerado como negativo en términos absolutos, ya que permitió, al mismo
tiempo, la continuidad de planteamientos estratégicos y tácticos, la formación
de muchísimos dirigentes que garantizaron la pervivencia, contar con
directrices y aparatos de seguridad –más o menos efectivos- en los momentos de
recrudecimiento de la represión, defensa legal,
etc. Fue esta “dependencia” la que permitió el desarrollo del movimiento
en el conjunto de las Universidades del Estado como un movimiento con
características comunes, lo cual incidió en su capacidad de lucha e impacto
social.
Convulsionado
permanentemente por sus condiciones internas, el movimiento estudiantil
antifascista en España, siempre volvió su mirada a la experiencia del
movimiento obrero para buscar en él, en su resistencia constante, elementos a
trasladar al campo universitario. Esta otra “dependencia” se expresó con
bastante rotundidad en las formas de organización de las que se fue dotando en
el tiempo.
La importancia de las formas de organización
En el marco de la
inexistencia de derechos democráticos, el de organización también estaba
prohibido. La dictadura en su afán por vertebrar a la sociedad a través de
organizaciones de claro perfil ideológico y disciplinario, desarrolló todo un
entramado orgánico que implicaba al conjunto de clases y sectores sociales.
Para el caso de la Universidad y relativo al estudiantado, fundó el SEU,
siguiendo el ejemplo del sindicato vertical que agrupaba con carácter
obligatorio en la misma estructura a trabajadores y empresarios, los llamados
“verticales”.
El debate, dentro
de las organizaciones políticas y dentro de los sectores estudiantiles, no se
hizo esperar. Comenzaba la eterna discusión sobre la utilización o no de las
plataformas legales. Siguiendo el ejemplo del movimiento obrero de infiltración
en los verticales, a través de las UTT,
y aprovechando la conquista que supuso la elección directa de delegados a nivel
de curso y posteriormente a nivel de Facultad, dentro del SEU, el movimiento
estudiantil trabajó para conseguir una representación democrática en dichos
niveles. Todavía en 1964, como recoge la Revista Materiales,
se plantea en ciertos documentos estudiantiles:
<<para
ello debemos de partir de la base, que hemos ido ensanchando progresivamente el
SEU, en la mayor parte de las Facultades y escuelas, es representativo hasta un
determinado nivel. Lo que hay que hacer es extender esa representatividad a
todos los niveles>>.
La Junta de
Delegados de Distrito de Barcelona, en la Declaración resultante de su IV
Asamblea (marzo de 1965), recogida íntegra en Materiales, exponía,
valorando la congelación de los fondos suministrados por los estudiantes al
SEU:
<<Ha
sido el golpe de gracia al SEU. Hoy no hay nada más desprestigiado que el SEU.
El curso pasado todavía afirmábamos que <<el SEU somos nosotros>>. Puesto
que así lo han querido, hoy es evidente que <<el SEU es su jerarquía>>. Ha
traspasado o ha intentado traspasar las medidas fiscalizadoras a la autoridad
académica y hoy sólo aspira a conservar sus privilegios y su sombra de poder.
Si el curso pasado el SEU estaba agonizante, hoy es ya un cuerpo sin vida, una
estructura muerta>>.
La certificación de
su muerte definitiva, más allá de la voluntad de la dictadura, se hizo en el Manifiesto
de la I Reunión
Coordinadora Nacional de Estudiantes, celebrada en
Barcelona, en marzo de 1965, con presencia de representantes de Barcelona, Bilbao,
Madrid, Salamanca, Valencia, Oviedo, Zaragoza y Valladolid. En su documento
final aparecen las condiciones básicas para la estructura del futuro Sindicato
de Estudiantes.
Resulta emocionante
conocer el balance que los estudiantes hacen de su experiencia dentro del SEU.
Las conquistas realizadas en tan duras condiciones seguro despertarían la
sorpresa e interés de muchos jóvenes de hoy. Las valoraciones se repiten en
todas las declaraciones de la época y pueden ser consultadas en la Revista Materiales.
Llevaban razón los estudiantes al declarar que la muerte del
SEU había sido una gran victoria del movimiento sobre la dictadura que intentó,
a la desesperada, hacer frente a la nueva situación, mediante la publicación el
7 de abril de 1965, en el BOE, del texto del Decreto por el que se regulaban
las Asociaciones Profesionales de Estudiantes. Alternativa que fue rechazada
por unanimidad en la
II Reunión Coordinadora de Estudiantes, en mayo de 1965. Como
puede comprobarse por lo apretado de las fechas, el movimiento estudiantil siempre llevó la iniciativa.
Esta primera
experiencia de organización estudiantil, sin embargo, planteó en su desarrollo
una serie de contradicciones que acompañarían, por la pervivencia de la
dictadura fascista, al movimiento estudiantil hasta la Transición Política:
a)
Límites de la utilización de las
plataforma legales impulsadas por el régimen.
b)
Problemas derivados de la
existencia de niveles de legalidad y, al mismo tiempo, de ilegalidad.
Utilización de recursos legales para fines ilegales, utilizando métodos legales
e ilegales.
c)
Problemas de seguridad derivados
de la “exposición” de los máximos dirigentes políticos del movimiento
estudiantil a puestos de representación.
d)
La búsqueda del punto de
equilibrio entre el objetivo de construir un movimiento de masas, que
irremediablemente tendría que dotarse de una estructura representativa y
democrática, y las condiciones de ilegalidad que la dictadura imponía.
El 9 de marzo de
1966 tenía lugar en el Convento de los capuchinos de Sarriá, la Asamblea Constituyente
del Sindicato Democrático de Estudiantes del Distrito de Barcelona (SDEUB).
Iniciativas similares se tomaron en el resto de los distritos universitarios.
Fue una época
gloriosa del movimiento estudiantil que desgraciadamente duró poco, apenas dos
cursos académicos, aunque en Facultades aisladas, la experiencia pudo durar
algo más de tiempo. En el curso académico 1973-74, por ejemplo, en la Facultad
de Letras de Granada, del Sindicato Democrático no quedaba ningún testigo que
fuera estudiante, algún PNN sí pudo contarnos la experiencia de aquellos años
pero la Facultad (situado su edificio central en la calle Puentezuelas,
Palacio de las Columnas), era un semillero de lugares que hacían alusión a su
presencia: bajábamos al local del Sindicato, en tal sitio estaba la
multicopista del Sindicato, etc.
¿Cómo explicar la
efímera vida de una organización que había nacido con el apoyo de todos los
sectores democráticos del movimiento estudiantil y que había suscitado tantas
alegrías y esperanzas?
A las cuatro
contradicciones situadas anteriormente, el Sindicato Democrático de Estudiantes
Universitarios planteó otra más peliaguda si cabe, a saber: ¿era posible una
organización totalmente democrática, abierta, representativa y autónoma en el
marco de la dictadura? Leyendo los Estatutos aprobados en Barcelona parecería
que la dictadura no existía.
Y si la respuesta
era no, ¿cómo el movimiento estudiantil y sus grupos dirigentes cayeron en
tamaño error de análisis?
Las posibles
respuestas no son simples, ni siquiera pasados más de 20 años. De la lectura de
los textos de la época elaborados por las organizaciones políticas y sociales
democráticas y de izquierda, parece desprenderse que la caída de la dictadura
estaba próxima. Prepararse para ese acontecimiento exigía, entre otros aspectos
(que vuelve a plantearse ya en plena Transición Política), dotarse de sólidas
organizaciones, iniciar el nuevo período desde una posición de fuerza que
permitiera rentabilizar el esfuerzo realizado en tres décadas de dictadura. Al
mismo tiempo formaba parte de los análisis realizados por los dirigentes
estudiantiles de adscripción al PCE y al PSUC, la teoría de las “zonas de
libertad”. Había que arrancar a la dictadura dichas “zonas”, consolidarlas y
ampliarlas. La Universidad, como institución, siempre se entendió como un lugar
privilegiado. Tras las victorias conquistadas en los cursos anteriores
posiblemente esta teorización condujo a un espejismo de terribles
consecuencias. Pues a final de cuentas, ¿cómo se explica la corta experiencia
del Sindicato Democrático de Estudiantes? De una manera simple, aunque cruel:
por la persecución, detención y encarcelación de la mayor parte de sus
dirigentes.
Con el peso de esta
derrota sobre sus espaldas, mermada su capacidad interna de dirección, el
movimiento estudiantil buscó otras salidas organizativas. Han ocurrido ya los
acontecimientos del Mayo Francés y otras revueltas estudiantiles en el mundo
(Berkeley-1965, Tokio-1966, Berlín-1967, México- 1968). La Universidad como
institución está en crisis en todo el mundo, también en España y la pervivencia
de la dictadura sólo es un motivo de desajuste más.
El radicalismo
estudiantil puso fin a la Universidad tradicional y obligó a las clases
dominantes a reconsiderar el papel que hasta ese entonces le habían asignado.
Fue la época de las reformas universitarias que fueron bastante eficaces en
aquellos países de economías más pujantes pero que fracasaron en otros donde el
margen de maniobra de las clases dominantes fue más escaso.
La crítica a la
Universidad adopta un matiz claramente anticapitalista y las formas de
organización y lucha se adecuan a dicha circunstancia. En el año 1970, el
ministro Villar Palasí presenta la nueva Ley General de Educación, en base al
llamado “Libro Blanco”, un intento tecnocrático y de clara definición clasista
para el conjunto del sistema educativo, puesto al servicio de las necesidades
productivas del sistema capitalista español. La reacción estudiantil no se hace
esperar.
La Universidad
“masificada” ha tenido que ampliar el número de sus profesores y de ellos, los
Profesores No Numerarios, son el grupo más numeroso, sometido a condiciones
administrativas y no laborales, sin derechos políticos como el resto de la
ciudadanía del país. Dicho sector docente celebra en Granada su I Asamblea de
Universidad del Estado Español, en 1972, lo cual indica una movilización
interna anterior en cada Facultad y Distrito. Ellos también se incorporan a la
lucha contra la Ley
General de Educación, convirtiéndose en aliados del
movimiento estudiantil. Los ejes de su programa reivindicativo son: el contrato
laboral, cuerpo único de enseñantes, subida salarial, junto al resto de
reivindicaciones comunes como autonomía universitaria, participación
democrática, amnistía, libertad, etc.
Dentro del
movimiento estudiantil se defiende la Asamblea como alternativa organizativa.
Los documentos de cualquier signo coinciden en este aspecto. El sistema
asambleario se completa con la existencia de los Comités de Acción (llamados
según los lugares también comités de curso, comisiones), surgidos del seno de la asamblea. La
filosofía de esta nueva alternativa organizativa parte del presupuesto de que
la representación del movimiento estudiantil tiene que ser directa a todos los
niveles. Está claro, aunque no se reconozca o se haga explícito, que se está
tomando el ejemplo del movimiento de las Comisiones Obreras. Entre otros
niveles de coordinación surge la Reunión General de Universidades de España
(RGUE). La lucha contra la LGE se generaliza y ante las medidas represivas se
desarrolla un fuerte movimiento de solidaridad; en enero de 1972, la RGUE hace
un llamamiento a la huelga general de las Universidades para el 14 de febrero;
en reunión posterior, próximo el 1º de Mayo, se convoca otra Huelga General de
Universidades para el 28 de abril, se insta a los estudiantes a participar en
las movilizaciones del 1º de Mayo llevando su propia problemática, los lemas
son: Contra la Ley General
de Educación (por una enseñanza abierta y para todos, por una sanidad al
servicio del pueblo, en solidaridad con Medicina de Madrid) y contra la
represión y por las libertades políticas (levantamiento de las sanciones en
Zaragoza y sobreseimiento de los consejos de guerra a los 3 compañeros de
Valencia).

Sorprende en todo
este período de enfrentamiento a la Ley General de Educación la gran cantidad de
materiales elaborados por estudiantes, profesores no numerarios, así como por
las organizaciones políticas que hacían vida en la Universidad. Materiales
y documentos que analizan en profundidad la situación del sistema educativo,
que avanzan propuestas con las que hacer frente y golpear a la dictadura, y que
adelantan los deseados cambios futuros. No es difícil entender el alto nivel de
los materiales salidos del sector de los PNN, en su elaboración están
participando varias generaciones de estudiantes universitarios educados en la
lucha del movimiento estudiantil, que no han abandonado la Universidad, sólo
cambiado su posición dentro de ella.
La Ley General de Educación ha sido derrotada por la lucha de estudiantes y
profesores no numerarios y aunque la misma no haya sido retirada, su aplicación
se ha hecho difícil o imposible para las autoridades del régimen que buscan
resquicios a través de mecanismos indirectos como nuevos planes de estudio,
aumento del precio de las matrículas, supresión de los cursos nocturnos, etc.
El desgaste del
movimiento ha sido palpable, sobre todo para los estudiantes. A las
dificultades tradicionales se ha sumado en el último período la actividad
huelguística de los profesores no numerarios. El movimiento estudiantil
ha sido siempre consciente de los límites que impone el calendario académico;
está acostumbrado a que las iniciativas del Ministerio o de las autoridades
académicas se tomen en el tercer trimestre del curso o en pleno período vacacional, sobre este
problema se alerta incluso a los estudiantes en las declaraciones de la RGUE;
ahora se suma el hecho de que los PNN,
nada más comenzar el curso académico comienzan sus huelgas, unas veces
intermitentes y otras con carácter indefinido, amenazando incluso con el boicot
a los exámenes finales.
¿Cómo trabajar en
las aulas vacías? Multitud de iniciativas recorren los centros universitarios
para hacer frente al problema. Las comisiones de alumnos organizan actividades
paralelas para que los estudiantes no abandonen las aulas. La tensión puede
mantenerse durante los primeros meses, trascurridos los cuales, es evidente la
agonía del esfuerzo. La preocupación mayoritaria de los alumnos es si perderán
o no el curso, qué pasará con los exámenes, cómo harán frente a la renovación
de las becas, etc. La alianza entre el movimiento estudiantil y el de PNN vive
regularmente momentos de extremada fragilidad.
Ante las
dificultades, la lucha estudiantil no desaparece pero sufre un proceso de
vanguardización. La minoría más comprometida se va quedando aislada. En este
contexto (1974), siendo Presidente del Gobierno, Arias Navarro, se presenta el
Decreto de Participación Estudiantil, conocido como Decreto Martínez
Esteruelas.
¿Última oportunidad para el movimiento
estudiantil?
El proyecto es un
intento, hijo de la LGE, de conceder determinados niveles de participación y
representación tutelados al movimiento estudiantil, en el contexto del
asesinato de Carrero Blanco y la política “aperturista” y “reformista” de Arias
Navarro. Prevé la convocatoria de elecciones de representantes estudiantiles en
el primer trimestre de cada curso académico; elecciones convocadas por las
autoridades académicas que tienen la potestad de imponer calendario, que están
por ley presentes y forman la mesa electoral, etc. El sempiterno debate sobre
la utilización o no de las plataformas legales está de nuevo servido.
La discusión se
convierte al inicio del curso académico 1974-75 en el primer elemento
aglutinador del movimiento estudiantil. Nada más que por este hecho mereció la
pena la existencia de posturas encontradas sobre la utilización o no del
Decreto. Las Asambleas volvieron a convocarse y a reunir a muchísimos
estudiantes. El debate se dio a todos los niveles, desde los cursos hasta las
Asambleas de Distrito.
La mayoría de los
estudiantes optaron por utilizar las posibilidades que el Decreto permitía,
desbordándolas desde su inicio. Aunque legalmente era un profesor el responsable
de la mesa electoral debía quedar claro que su presencia sólo era una
formalidad para darle legalidad oficial a las decisiones de los estudiantes. Se
instó a los candidatos a que se presentaran defendiendo un programa de
reivindicaciones que, partiendo de las necesidades más sentidas en los cursos,
ligara estas con los problemas que vivía la Universidad española y denunciara
el carácter fascista del régimen político. En realidad, los representantes
estudiantiles fueron elegidos en Asambleas, al desbordar por su propia acción
las limitaciones del Decreto.
En un documento
recogido en la
Revista Materiales, firmado por el Comitè
D´Universitat de Barcelona del Moviment Comunista de Catalunya, febrero de
1976, aparece la siguiente afirmación:
<<El
moviment estudiant, al llarg dels anys derrers s´ha anat organitzan de maneres
diverses. El pas de Comitès de Curs – que en un moment determinat van suposar
trobar una solució adecuada al caos organitzatiu en que estava sumida la
Universitat- a delegats elegits en assemblees, va suposar un gran salt
endavant, una participació molt més gran de milers i milers d’etudiants que,
per primer cop podien elegir els seus representants. El projecte de
participació de Martínez Esteruelas fou aprofitat i marginat, fou utilizat e
combatut>>
He escogido este
documento del MC porque dicha organización fue contraria a la utilización del
Decreto Martínez Esteruelas, y volcó toda su influencia, que no era poca, para
que los estudiantes lo rechazaran. Resulta por eso tan significativo que
reconociera el caos organizativo en que estaba sumida la Universidad y que el Decreto había sido aprovechado y
marginado, utilizado y combatido ... lo cual era mucho reconocer para el caso de
esta organización.
Para otras
corrientes socialistas, como PCE, PSUC, Joven Guardia Roja, la utilización
“desbordada” del Decreto, era valorada como un instrumento para recomponer el
dañado entramado estructural del movimiento estudiantil, una posibilidad,
quizás la definitiva, de sentar las bases de un futuro Sindicato Democrático de
Estudiantes, concebido éste como organización unitaria (que no única) de los
estudiantes.
Nadie pudo negar
que el Decreto supuso un revulsivo que de nuevo puso a los estudiantes en pie
aunque las condiciones políticas se agravaron a medida que las contradicciones
internas y externas de la dictadura estallaron. El régimen se tambaleaba y su
respuesta, al menos la que se hizo hegemónica, no encontró otra salida al
reclamo generalizado de amnistía y libertad de todos los sectores sociales en
lucha, que la agudización de su política represiva. El “aperturismo” del
gabinete de Arias Navarro, tras su discurso del 12 de febrero de 1974, < intento de recomponer las fuerzas originarias del franquismo cada
vez más dispersas y enfrentadas, e integrar en el régimen a las nuevas fuerzas
burguesas alumbradas por el proceso industrial de las últimas décadas>, ejecutaba a garrote vil, en marzo de 1974, a un militante
catalanista, Puig Antich, y a Hein Chez, condenados por el asesinato de dos
agentes de la autoridad; con el cierre de 4 Facultades de la Universidad de
Valladolid, en abril de 1975, con la publicación del Decreto Ley Antiterrorista
en el verano del mismo año; dicho Decreto anulaba las “garantías” del Fuero de
los Españoles, la incomunicación en comisaría sin dar parte al Juzgado se
prolongaba de 72 horas a 10 días, los juicios sumadísimos, en realidad era una suerte de Estado de
Excepción, que se aplicó también contra los dirigentes estudiantiles; se
declara el Estado de Excepción en Vizcaya y Guipúzcoa; el 27 de septiembre, se
producen los últimos fusilamientos de la dictadura, aplicando el Decreto Ley
Antiterrorista con carácter retroactivo, etc. Ante la avalancha de críticas
internacionales por estos últimos acontecimientos y las movilizaciones contra
ellos en el interior del país, el régimen promueve actos de adhesión en todas
las ciudades y municipios de importancia. Los centros universitarios se
hicieron irrespirables en aquellos últimos meses del año 1975, la presencia
policial disolvía asambleas, prohibía todas las actividades culturales, los
pasillos se llenaron de miembros de la terrible Brigada Político
y Social, las detenciones se agravaron, etc.
La represión
soportada en Granada, durante el año 75, puede ser un ejemplo de los momentos
vividos; afecta directamente al movimiento obrero y al estudiantil. Las cifras
pueden leerse en el libro de Antonio Ramos Espejo.
Una operación policial de envergadura desconocida hasta ese momento contra los
dirigentes estudiantiles de la Universidad de Granada inicia el curso académico
1975-76, el día 11 de septiembre, dos años después del golpe militar contra el
gobierno de Salvador Allende. No parece que la operación vaya a finalizar
nunca. Los estudiantes que hacen turnos para comunicar, aunque sea a voz en
grito, la existencia de detenidos (desaparecidos) en la comisaría de Granada, a
los jueces que entran en los Juzgados cada mañana, lo serán en las siguientes horas o días. La Comisión Proamnistía
de la Universidad se queda huérfana: sus miembros están detenidos o han pasado
a la cárcel, otros se han fugado de la ciudad. En aquellos tenebrosos días poner un
cartel convocando a los estudiantes a participar en las elecciones a
representantes de curso (Decreto Martínez Esteruelas), era motivo de detención.
A todos esos jóvenes se les aplica sin excepción el Decreto Ley Antiterrorista.
Aparecen en la Facultad de Filosofía y Letras las primeras pancartas firmadas
por la organización universitaria del PCE, reclamando amnistía y libertad.
¿Reforma o ruptura?
Tras la muerte del
dictador Francisco Franco muchas cartas quedaron boca arriba. De la estrategia
de Huelga General Universitaria, en el marco de la Huelga Nacional no
parecía quedar ni el recuerdo. Cierto que el año 1975 había sido un año tenebroso
y que las cárceles estaban a rebosar de dirigentes obreros y estudiantiles pero
incluso esta circunstancia era analizada como expresión del aislamiento de la
dictadura y de su política defensiva. La represión continuó dentro y fuera de la Universidad. Los
presos, estaba claro, serían utilizados como instrumento de presión en
negociaciones venideras. Las listas de detenidos y procesados siguen
engordando. Sólo en Granada, en abril de 1976, son detenidos los “54 del Cerro
del Sombrero”, todos ellos dirigentes obreros.
En el marco de la
Universidad, bajo el paraguas de la ampliación de las “zonas de libertad” se
disfrutaba de una suerte de paralegalidad: de un lado, la represión continuaba
y, de otro, se producían pronunciamientos públicos en nombre de partidos o
estructuras ilegales, como la Junta Democrática. Una especie de pulso entre los
sectores democráticos y la estructura represiva de la dictadura. El año 76
se inaugura con el inicio de un importante movimiento huelguístico en todo el
país.
Las reivindicaciones
democráticas se convertían en el eje vertebrador de todas las actividades. El
reclamo de amnistía y libertad recorría las aulas y los claustros, tomaba la
calle frente a la represión policial.
En el debate
político se manifestaron dos tendencias bien definidas: los que defendían la
“ruptura democrática”, estrategia que implicaba
cambios en profundidad en las estructuras del aparato estatal del
franquismo y, por otro lado, los que defendían la “reforma democrática”,
estrategia que implicaba sólo cambios en la superestructura de dicho aparato.
Fue la segunda de estas tendencias la que acabó hegemonizando el proceso que
después se denominaría “Transición Política”.
Los acontecimientos
que fueron jalonando este período se sucedieron con gran rapidez y, en lo que
atañe al movimiento estudiantil, se fueron saldando entre la sorpresa y la impotencia. Los
debates sobre cada uno de ellos adquirieron gran virulencia; había sido parte de la historia del
movimiento, por sus características internas y por la politización de los
núcleos dirigentes, el debate ideológico y político. Por situar sólo un
ejemplo, cuando el 9 de junio de 1976, Adolfo Suárez, segundo Presidente de la
Monarquía, tras Arias Navarro, presenta ante las Cortes franquistas su proyecto
de Ley de Asociaciones Políticas (que para nada era una Ley de Libertad de
Asociación pues la legalización de los partidos democráticos no estaba
contemplada en dicha Ley), nadie podía imaginarse dentro del movimiento
estudiantil que en apenas 5 meses (Referéndum de la Ley para la Reforma Política,
15 de noviembre), vería a parte de su dirección (la vinculada al PCE),
denunciar, primero, el proyecto de Ley,
pronunciarse, luego, por el NO, al no
reunir la consulta garantías democráticas
y pedir, por último, la abstención. Los abucheos eran generalizados. Una
cosa era que el movimiento estudiantil tuviese sus dificultades para recurrir a la memoria histórica y, otra bien
distinta, borrar del mapa consciente y voluntariamente, la alternativa que en 4
puntos había sido el eje de lucha de los estudiantes comunistas, en el nivel
global de la lucha política:
1) Formación de un gobierno
provisional de amplia coalición que promulgue,
2) Amnistía para presos y exilados
políticos.
3) Libertades políticas sin
discriminación.
4) Elecciones a Cortes
Constituyentes, para que el pueblo decida el régimen político que quiere darse.
Y lo más gordo,
como dice el refrán, estaba por llegar.
Durante el curso
1975-76, en medio de todos los conflictos que el país vive, el movimiento
estudiantil intenta su reorganización promoviendo la constitución del Sindicato
Democrático de Estudiantes de Universidad, articulado como Federación Sindical,
en el marco, de nuevo, de la ilegalidad de la propuesta. En su
primera Declaración, recogida íntegra en la Revista Materiales,
las Facultades y Distritos reunidos, exponen:
<<... después
de seguir un amplio proceso de discusión y de constitución a todos los niveles,
han llegado a la conclusión de la necesidad de una organización propia de
estudiantes, de tipo sindical y de funcionamiento democrático: el SDEU,
recogiendo así la gloriosa trayectoria de nuestros compañeros que en los años
60 marcaron un hito en la lucha por una Universidad científica y democrática en
el seno de una sociedad verdaderamente democrática... Los universitarios al
igual que otros sectores y capas de la sociedad nos encontramos totalmente
indefensos frente a los poderes públicos representados en este caso por las
autoridades académicas y gubernativas, siendo así que éstas imponen todas sus
normas y leyes sin contar en absoluto con nosotros y con grave perjuicio para
nuestros intereses académicos y sociales ... nosotros estudiantes
universitarios vemos que la única solución para nuestros problemas, pasa por un
único camino, el camino de nuestra organización autónoma e independiente,
estructurada según lo que los universitarios queremos que sea y que luche por
conseguir nuestros objetivos. Ante ello decidimos unificar todos los Sindicatos
ya existentes en un único Sindicato bajo la forma de Federación, por entender
que es la que mejor refleja la realidad multinacional del Estado español>>
La iniciativa
coincide con reivindicaciones muy sentidas por el movimiento estudiantil que
sirven para concretar el movimiento a favor del Congreso Constituyente a nivel
estatal del SDEU: derogación del Decreto de las 4 convocatorias, libertad de
los estudiantes del Consejo de la Universidad Politécnica
de Madrid y legalización del Sindicato Democrático de Estudiantes y de los
claustros democráticos.
En la citada nota
introductoria escrita por Francisco Fernández Buey en Materiales y que
lleva fecha de marzo 1977, se puede leer:
<<Recuperar
los documentos de ese sector de la lucha antifascista parece, pues, una
contribución nada despreciable a la tarea de recomponer en un sentido
revolucionario el movimiento universitario actual... Aunque sólo sea para saber
que asambleas que hoy parecen <normales> a la vanguardia del movimiento habrían sido consideradas estrepitosos
fracasos hace diez años, o que entre la primera y la segunda constitución del
SDEUB con otros diez años de diferencia, el número de delegados estudiantiles
bajó de 500 a
50, o que las presentes reivindicaciones de autonomía están por debajo de las
exigencias del manifiesto <Por una
universidad democrática>. Y
recordar, no por añoranza de exestudiante, sino por mero instinto del peligro
que se cierne sobre la universidad>>
El movimiento estudiantil, ¿víctima de la Transición Política?